La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la acusación interpuesta contra los diputados al Congreso Nacional (CN)
y el presidente Porfirio Lobo Sosa
por la aprobación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas como “ciudades modelo”.
El pasado 12 de septiembre un grupo de 17 ciudadanos formalizó en el Poder Judicial una acusación contra los 126 diputados que aprobaron las “ciudades modelo”, que se amplía contra Lobo Sosa.
La acusación fue suscrita por representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Bertha Cáceres, Omar Menjívar, Miriam Miranda, Gladys Lanza, Ismael Moreno (sacerdote), Jari Dixon, Doris Gutiérrez y Karla Lara.
Se presenta “acusación por el delito de traición a la patria contra todos los diputados del Congreso Nacional que aprobaron las reformas constitucionales mediante las cuales crearon las regiones especiales de desarrollo (RED), también conocidas como ciudades modelo”, anota el escrito presentado a la Corte.
Sin embargo, la acusación fue rechazada por la CSJ.
“Esta denuncia fue declarada inadmisible”, informó a EL HERALDO una fuente del pleno de la CSJ.
Argumentó que los particulares no pueden acudir directamente a la CSJ a acusar a una o varias personas por delitos de orden público, en este caso traición a la patria.
“Los únicos delitos en que particulares pueden acusar directamente son los de orden privado, como querellas por delitos contra el honor (difamaciones y calumnias)”, explicó la fuente.
El pleno sí procede a nombrar a un juez natural cuando la acusación la interpone el Ministerio Público (MP) contra un alto funcionario.
Denuncia
Por los mismos hechos se interpuso una denuncia en el MP, donde si procedería una investigación. La denuncia criminal por los delitos de traición a la patria y abuso de autoridad se presentó contra los 126 diputados que aprobaron los decretos legislativos 283-2010, ratificado con el 4-2011, recientemente declarados inconstitucionales por el pleno de la CSJ.
Entre los denunciados está el presidente del CN, Juan Orlando Hernández, y los secretarios Rigoberto Chang Castillo y Eliseo Noel Mejía.
La denuncia la interpusieron los abogados Antonio Trejo Cabrera (recientemente asesinado), Wilfredo Flores, Ninoska Escalante, Lourdes Yamileth Cruz, Kenia Oliva Cardona y Karol Cárdenas, aglutinados en la Asociación de Abogados Justicia en Acción.
En el escrito presentado en el MP el pasado 12 de septiembre se pide practicar diligencias investigativas y se presenten acciones para procesar a altos funcionarios del Estado.
“El Congreso Nacional se ha excedido en sus atribuciones, pues aún simulando una reforma inofensiva y supuestamente bienintencionada, tiene potestad para afectar el territorio nacional con el consecuente atentado a la soberanía... ni afectar la forma de gobierno que el constituyente determinó en su momento. Las reformas al territorio nacional, a la forma de gobierno y la restricción de derechos fundamentales son un exceso de las potestades del Congreso Nacional”, cita la denuncia.
El Código Penal define que “comete el delito de traición y será castigado con la pena de reclusión, 15 a 20 años, el que ejecute actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado”.
Hay que resolver deficiencias jurídicas
El expresidente Rafael Leonardo Callejas recomendó a los poderes Legislativo y Ejecutivo corregir las deficiencias jurídicas que se cometieron con la aprobación de las Regiones Especiales de Desarrollo, conocidas como “ciudades modelo”.
“La Corte lo declaró inconstitucional, hay que hacer un paro en el camino y ver cuáles fueron las deficiencias jurídicas, tratar de resolverlas y encontrar una ruta que nos dé como resultado una nueva forma de visualizar el futuro de Honduras”, expresó el exmandatario.
La semana anterior la Corte Suprema declaró inconstitucional las “ciudades modelo” porque los diputados aprobaron el decreto violentando la Constitución.
Callejas dijo estar de acuerdo en buscar alternativas de desarrollo que den como resultados opciones como la zona libre de Panamá, Singapur y Hong Kong.
