Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público (MP) buscará que los exmiembros del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial vayan a prisión.
En el desarrollo de la audiencia inicial se evacuará una abundante carga probatoria sobre las irregularidades que cometieron los exconcejales en su gestión.
La audiencia se realizará el próximo 23 de abril en el Juzgado Penal en Materia de Corrupción.
El informe técnico de la auditoría forense del ente acusador contiene un total de 8,877 páginas que revelan todas las irregularidades.
Así lo informó a EL HERALDO una fuente ligada a los cuerpos de investigación del MP. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron la investigación.
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Se constató que en 576 ocasiones los profesionales del derecho no viajaron a sus giras programadas y tampoco devolvieron el dinero de los viáticos. Los seis exconcejales son acusados por más de 600 delitos de corrupción. La investigación señala que los exmiembros del desaparecido órgano jurídico desviaron 13.5 millones de lempiras en viáticos.
Pese al rosario de delitos que se le imputan a los exconcejales, el viernes anterior la jueza que conoce la causa les dictó medidas sustitutivas distintas a la detención judicial.
Por esa razón, cinco de los seis implicados se defenderán en libertad. No obstante, en la audiencia inicial se les podría dictar un auto de formal procesamiento y prisión preventiva, según las pruebas que presenten en su contra.
Los acusados son: el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Carrera Judicial, Jorge Rivera Avilés, a quien le imputan 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos. También están los exconcejales José Francisco Quiroz, Julio César Barahona, Liliam Maldonado y Celino Aguilera, acusados por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Teodoro Bonilla, exvicepresidente del extinto órgano, es el único que guarda prisión en el Segundo Batallón de Infantería, en Támara Francisco Morazán. Él fue condenado en septiembre de 2017 a seis años de prisión por el delito de tráfico de influencia en el denominado caso Shalom. Bonilla es acusado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
Fianza
En la primera audiencia, los apoderados legales de los imputados ofrecieron el pago de una millonaria fianza. El expresidente de la CSJ ofreció el pago de un millón de lempiras por defenderse en libertad. Los demás exconcejales ofrecieron cantidades entre 500 mil y un millón de lempiras, así como la entrega de bienes inmuebles con un valor similar.
Entre sonrisas y abrazos salieron los exconcejales de la audiencia de declaración de imputado, donde quedaron en libertad.
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