Alcaldías, secretarías de Estado, entes desconcentrados y hasta poderes del Estado se encuentran en deuda con el cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que les obliga a rendir cuentas sobre la administración de recursos del Estado, aunque existen sus excepciones.
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Entes como la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Seguridad, Gobernación y Justicia, Banasupro, Desarrollo Económico, entre otros, no tienen al día sus portales de transparencia, según una revisión hecha por EL HERALDO.
Varias de estas instituciones, curiosamente, están llevando a cabo procesos de compras y contrataciones relacionadas con la emergencia por el covid-19 y, según los portales, la rendición de cuentas no es la prioridad.
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En su último informe, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) establece que entes como Copeco apenas llegan a una calificación del 55% de cumplimiento de la ley, que ampara a los hondureños para conocer cómo se manejan los recursos.
Esta calificación significa que el nivel de cumplimiento es deficiente, según los rangos establecidos por el IAIP.
El documento denominado “Informe de Verificación de la Información de Oficio en los Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas durante la Emergencia covid-19”, refiere que el presupuesto ejecutado por Copeco es de 59.5 millones de lempiras, pero “no tiene reportes de liquidaciones ni de presupuesto y los datos son lo ejecutado en gastos donde se incluye la compra de 130 ventiladores”.
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Información pendiente
Otra de las instituciones que no alcanzan el 100% en transparencia es la cuestionada Invest-H. Según el informe del IAIP, en esta institución “hay información pendiente por completar y adecuar” como ocurre en la mayoría de los entes del Estado.En el caso de Invest-H se detalla que, además de no actualizar la información como corresponde, “hay unas inconsistencias”, la información no está en español y no permite el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
A eso se suma que “no están las resoluciones sobre los contratos adjudicados y sobre la cancelaciones de órdenes de compra”, tal como lo establece el artículo 112 de la Ley de Contratación del Estado y artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
En tanto, la Secretaría de Trabajo tiene pendiente de ejecutar la información de los contratos realizados.
Mientras que la Secretaría de Salud carece de claridad sobre las gestiones y compras realizadas durante la pandemia.
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