Las medidas son producto del trabajo realizado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO, que evidenció cobros irregulares para la obtención de las nuevas placas vehiculares y traspaso de vehículos, por medio de personas ajenas al IP.
Entre los abusos detectados estaban los cobros hasta de 1,500 lempiras para retirar las placas nuevas y hacer traspasos.
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Más denuncias
Jack Uriarte, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Propiedad (Sitraip),
denunció que la colusión en la institución viene desde los jefes, quienes pondrían tarifas a los empleados para poder trabajar con los tramitadores.
En ese sentido, identificó que tres jefes en Tegucigalpa y uno en San Pedro Sula estarían atrás de actos irregulares con los que se están haciendo millonarios dentro de la institución, sin que nadie haga algo.
Precisó, además, que muchos empleados poseen información valiosa, pero el temor a represalias los ha hecho callar. Uriarte instó a las autoridades que “así como EL HERALDO investigó, deberían hacer lo mismo por el IP”.
Ante esto, José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP, explicó que como autoridades están con toda la voluntad para sacar adelante a la institución por medio de una investigación
que ya comenzó.
Explicó que los empleados y los clientes pueden tener la confianza de denunciar los actos irregulares sin temor a represalias.
Recordó que las primeras medidas ya fueron puestas en marcha, con el reforzamiento de la seguridad en los accesos del IP, la prohibición para que los tramitadores ingresen y las audiencias al personal para dar con el paradero de las personas que podrían estar involucradas.
Por último, Cortés instó a las personas a realizar los trámites directamente en las ventanillas de atención para no caer en estafas y pedir la confianza a la población que todo se va investigar y resolver.
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