TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el fin de salvaguardar la seguridad de los convictos en los centros penales “El Pozo” (Ilama, Santa Bárbara), La Tolva (Morocelí, El Paraíso), El Porvenir (El Porvenir, Francisco Morazán) y la Penitenciaría Nacional de Támara (Distrito Central), la Sala Constitucional presentó un recurso de exhibición personal correctivo.
El requerimiento es contra las actuaciones del director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Otoniel Castillo Lemus, y contra los jefes de los reclusorios antes citados; esto por los hechos violentos ocurridos el sábado y domingo 8 y 9 de abril.
Para dar cumplimiento a este proceso de investigación se nombró a los jueces ejecutores Silvia Chinchilla, quien se desempeña como defensora pública en la capital de la República, y a Wilmer Candelario Hernández Erazo, también defensor público en Santa Bárbara.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial explicó que la labor de los jueces ejecutores será “recabar toda la información, recopilar todas las incidencias que se han presentado, en el menor plazo posible presentar el informe que corresponde”.
Posterior a ese informe presentado por estos dos profesionales del derecho, Duarte indicó que “la Sala de lo Constitucional, en su sentencia, establecerá cuáles son los correctivos y las acciones que deben ser ejecutadas en principio por los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y luego por los directores de estos centros penitenciarios, siendo que es contra ellos que se presenta el recurso de exhibición personal”.
