El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla,
reveló que altos oficiales que aparecen en la lista de los que pasan a disponibilidad en la institución gestan un plan para obstruir la labor policial, por lo que advirtió que los enfrentará de conformidad con la Ley.
En una conferencia de prensa ofrecida en el Cuartel General de Casamata, Bonilla confirmó que varios oficiales y personal de la escala básica ya están en situación de disponibilidad.
Esa, dijo, es una condición jurídica que está dentro de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, no porque a los oficiales y policías se les esté sindicando de algún delito, sino porque unos están a punto de cumplir su tiempo de servicio y otros no llenan las expectativas en cuanto a la seguridad y el planeamiento que nosotros tenemos como institución.
El jefe policial es del criterio que las acciones pueden provocar malestar; “podemos pensar que el día de mañana algunas personas que han tratado de obstruir la labor policial, no de uno a título personal, sino de la institución, porque ha habido cosas en las cuales ya no van a seguir repitiendo”.
Reveló que algunos están utilizando astucias y han pedido reposo, pero al reincorporarse, de igual manera, se les va a notificar tal como corresponde.
Misas negras
Bonilla reveló que tienen información de que algunos excompañeros están reuniéndose para tratar de obstruir la labor policial, pero lo que no saben es que al ser descubiertos se les puede aplicar la ley.
“Todos estos oficiales, se los digo públicamente, se va a pasar todo el informe a la DIECP para que hagan trabajos de investigación en todos los sentidos”, expresó.
Prosiguió diciendo que, en segundo lugar, no podrán participar en situaciones políticas, porque la institución es apolítica, y “tampoco podrán obstruir el servicio policial de los miembros que están en actividad”.
Apuntó que van a tener que entregar su chapa de identificación, su fusil, su pistola y todo aquello les ha entregado la Policía Nacional, porque son bienes del Estado y por lo tanto, “si no tenemos una asignación específica, tienen que ser tutelados y protegidos por la Dirección de Recursos Humanos”.
En horas de la tarde, Bonilla repitió lo que dijo en la mañana sobre que “tengo información en este momento de que hay algunos que están allá reunidos en algún lugar y que están viendo que van hacer acciones; estamos esperando, los vamos a enfrentar como corresponde, porque la institucionalidad es la que estamos nosotros buscando”, denunció.
Confirmación
El secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, confirmó que los exdirectores de la Policía Nacional José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid “están puestos a disponibilidad”, tal como reveló en exclusiva EL HERALDO.
Bonilla manifestó que todos aquellos agentes y oficiales que no tengan asignación dentro de la Policía Nacional pasarán a disponibilidad, tal como establece la ley de la institución.
El secretario de Seguridad negó que la “sacudida” al interior de la Policía haya sido motivada por actos ilícitos cometidos por los agentes y los oficiales, pues sostuvo que “nosotros estamos mandándolos en este momento (a disponibilidad) porque no tienen ninguna función establecida dentro de la Policía”.
El funcionario explicó que los 99 oficiales y agentes separados de la institución están siendo obligados a entregar su arma de reglamento, su vehículo de transporte y su placa, y señaló que deberán esperar un año y, si no son llamados, pasarán a retiro.
“La disponibilidad es un procedimiento administrativo que se hace para las personas que ya cumplieron su ciclo dentro de la Policía Nacional, aquí con las personas que se está mandando a disponibilidad nosotros no estamos diciendo que hayan cometido actos ilícitos ni nada, nosotros estamos mandándolos en este momento porque no tienen ninguna función establecida dentro de la Policía”.
Habrá más
Bonilla advirtió que, además de los 99 oficiales y agentes, “se van a ir sumando (más) nombres de acuerdo al procedimiento que se vaya llevando a cabo”, al tiempo que indicó que las separaciones que se están implementando en la institución no tienen que ver con la pruebas realizadas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
“Los que no pasan la prueba es otro procedimiento, estamos de acuerdo con lo que establece la ley que dio el Congreso Nacional por seis meses, llevando a cabo los procedimientos y es otro caso... Se está haciendo el procedimiento y de acuerdo a cómo vayan llegando a mi oficina y hayan cumplido con todos los pasos que indiquen los procedimientos, pues nosotros vamos a ir firmando y se va a ir informando al pueblo en general de todas estas acciones”.
“En este momento no tengo la cifra (de los oficiales y agentes separados), pero en mi escritorio supongo que hay documentos para firma y al llegar a la oficina los vamos a realizar; con quien no tenga asignación dentro de la Policía, entonces va a seguirse el procedimiento de que vaya a disponibilidad para luego seguir el procedimiento administrativo. si una persona no tiene funciones específicas, pues tiene que trasladarse a esa característica de disponibilidad”, explicó.
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Separaciones
Por su parte Matías Funes, miembro de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), comparte el criterio de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, en el sentido de que para realizar una depuración policial “no basta con separar personas de la Policía, sino que si se les han encontrado irregularidades se debe investigar a fondo, y si no han actuado correctamente se les debe aplicar la ley”.
Si no se aplica la ley y solo se les separa, “lo que estamos haciendo es reproduciendo la impunidad que siempre ha existido en nuestro país y que es uno de los factores que han contribuido para que se incremente la delincuencia”, explicó Matías Funes.
Al consultarle si considera que la depuración policial va por buen camino, después que ha trascendido que cerca de cien policías podrían ser separados, el representante de la CRSP es del criterio que se necesita un informe exhaustivo y pormenorizado de la aplicación de las pruebas de confianza que realiza la DIECP.
“Hasta ahora solo hemos tenido dos reuniones con el abogado Eduardo Villanueva, director de la DIECP, y han sido reuniones informativas, pero no tenemos detalles de cómo debería de ser”, recalcó Funes. En relación a las pruebas de confianza, manifestó que deberían aplicarse de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba”.
Hay legitimidad en el proceso de depuración
La Fiscalía de Derechos Humanos afirmó que existe legitimidad en el proceso de depuración que actualmente realiza la Policía Nacional.
'Hay una situación especial, hay legitimidad en cuanto a la decisión administrativa que dispuso este régimen de sanción que es bastante radical”, expresó el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.
Recordó que existe un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Depuración Policial interpuesto en la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá que pronunciarse sobre si se deroga o no.
“A partir de ahí tendremos el mecanismo para proceder a tramitar los abusos o irregularidades que se denuncian”, expresó. Mientras exista el decreto de la depuración hay sustento legal para aplicar sanciones de despido a oficiales
y agentes.
Mientras, aclaró que la Fiscalía de Derechos Humanos no recibió hasta el momento ninguna denuncia formal por parte de algún policía despedido de manera irregular.
Recomendó a Seguridad que para aplicar sanciones de despido se valoren de manera integral las cuatro evaluaciones de las pruebas de confianza: el polígrafo y los estudios socioeconómicos, toxicológicos y psicológicos.
