El edil liberal es acusado por la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública por sobrevalorar la compra de un terreno donde funciona el relleno sanitario.
La suspensión de su cargo “es hasta el desarrollo de la audiencia inicial”, aclaró Lucía Villars, portavoz de los Juzgados en Materia de Corrupción.
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Informó que “si en la audiencia inicial sí se le da un auto de formal procesamiento, el juez que conoce la causa va a determinar si se le continuará manteniendo la medida o no, porque si se le dicta un sobreseimiento definitivo o provisional, las medidas se le suspenderían”.
Además, al funcionario se le impuso la medida de prohibirle salir del país, firmar el libro judicial y estar bajo la tutela de su abogado.
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Esa misma noche fue trasladado a Tegucigalpa, pero repentinamente tuvo que ser internado en un centro hospitalario privado porque se le subieron los niveles de glucosa en la sangre y la presión arterial. Bajo observación médica se mantuvo durante ocho horas.
Esto ocasionó que la audiencia de declaración de imputado que estaba prevista a desarrollarse a las 10:00 AM se suspendiera.
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Al filo de las 3:40 de la tarde, el alcalde de Choloma arribó en una patrulla de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a los Juzgados en Materia de Corrupción, y a las 4:20 PM la jueza desarrolló la audiencia.
Hasta esa sede judicial llegaron varios familiares, quienes alegaron en todo momento la inocencia del edil. La audiencia inicial se desarrollará el martes 3 de diciembre. La Fiscalía acusa a Crivelli por la supuesta adquisición irregular de un terreno donde funciona el relleno sanitario por un valor de 10.5 millones de lempiras en 2008.
Sin embargo, un avalúo de la Contaduría General de la República indica que el terreno tenía un costo de tres millones de lempiras. La Fiscalía detectó una sobrevaloración de 7.4 millones de lempiras. En este caso, los regidores de Choloma están próximos a ir a un juicio
