TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como si en la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) no existiera talento humano, la Comisión de Concurso y Acompañamiento busca imponer como miembros de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) a tres candidatos demandantes contra esta casa de estudios y al mismo tiempo responsables de haberla conducido a la crisis de ingobernabilidad que explotó a finales de 2016.
Una demanda ordinaria interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la Unag en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo -notificada el 27 de septiembre recién pasado- pone en apuros a la Comisión de Concurso, pues esta acción judicial abarca a siete postulantes a la JDU, incluyendo a los tres que se quiere imponer usando una interpretación maliciosa de los artículos 244 y 284 del Estatuto de la Unag.
Tras el llamado a concurso para seleccionar a los cinco miembros de la JDU -tres internos y dos externos-, acudieron ocho candidatos por el sector interno: Francisco Javier Medina Cabrera, Gerardo Jair Lagos Hernández, José Andrés Paz Díaz, José Luis Castillo Lanza, Alexia Paola Velásquez Andrade, Mauricio Alberto Moreno Escobar, Gerardo Rafael Moya Izaguirre y Estela Yamileth Aguilar; por el sector externo están Breno Augusto Sosa Rodríguez, Denis Fernando Gómez, Juan Carlos Reyes, Cindy Yaneira Acosta, José Guillermo López Rivera y Juan Ramón Pacheco Gallegos.
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Inhabilitación
Los artículos 244 y 284 determinan que no puede promoverse a funciones administrativas a docentes que hayan demandado a la institución y el artículo 286 inhabilita a quienes tengan hechos contra la moral y a los creadores de la crisis. En el expediente judicial 196-CPC-2013 está la demanda ejecutiva contra la Unag interpuesta por 94 docentes, entre ellos Medina Cabrera, Lagos Hernández, Paz Díaz, Castillo Lanza y Sosa Rodríguez. Asimismo, en el expediente CPC-233-2016 está la demanda ordinaria de Velásquez Andrade y en el expediente 407-CPC-2021 la demanda ordinaria interpuesta por Moreno Escobar. Las tres demandas son por el pago de un arancel que fue declarado inconstitucional en 2009.
De los catorce candidatos, siete tienen acciones judiciales contra la universidad y cinco son parte de los docentes que ya le cobraron 164.2 millones de lempiras; por esta situación la PGR presentó la demanda ordinaria número 235-2021 en lo Contencioso Administrativo pidiendo la anulación de la resolución rectorial No. CDU-025-2011 que dio lugar al millonario pago.
Para beneficiar a Medina Cabrera, Paz Díaz, Castillo Lanza y Sosa Rodríguez, la Comisión de Concurso avala solo a los candidatos que tienen demanda ejecutiva contra la Unag, no así a los de las demandas ordinarias, pero esta argucia, legalmente, quedaría bloqueada con la demanda presentada por la PGR.
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Generadores de la crisis
Además, nombrar a este trío como miembros de la JDU sería poner a solucionar la anarquía a quienes la crearon, ya que según documentos en poder de la Fiscalía y certificados el 6 de julio de 2017 por el secretario general de la Unag, José Trinidad Reyes Sandoval, ellos fueron miembros del Consejo Directivo Universitario (CDU) desde el año 2007 hasta 2016.
Medina Cabrera se desempeñó como miembro del CDU en el periodo 2007-2010 por el Departamento de Economía Agrícola. Luego fue vicerrector académico, y también miembro del CDU en el periodo 2010-2013. En el periodo 2013-2016 se lanzó como candidato a la rectoría, pero no ganó.
Entre 2016 y 2019 fue nombrado nuevamente miembro del CDU, siempre por el Departamento de Economía Agrícola.Mientras tanto, Castillo Lanza fue miembro del CDU entre 2007-2010, en 2010-2013 y también para el periodo 2016-2019, por el Departamento de Investigación y Extensión. Medina Cabrera y Castillo Lanza fueron suspendidos por decreto una vez estalló la crisis de ingobernabilidad.
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En la Unag consideran a Castillo Lanza como el mejor amigo del comisionado Óscar Ovidio Redondo, quien cuando fue rector y presidente del CDU entre 2013 y 2016 le habría contratado a su hijo Luis José Castillo y a su hija Paola Castillo, despedida en 2017 por la Comisión Interventora. Paz Díaz aparece como miembro del CDU en el periodo 2010-2013 por el Departamento de Producción Vegetal.
En los demás periodos se lanzó como rector, pero perdió las elecciones. “Era el candidato a la JDU por parte de Eleazar Turcios, pero lo traicionó. Según las informaciones, negoció con Redondo para que sea Castillo el nuevo presidente de la JDU y Breno Sosa (hijo de Miguel Sosa, actual decano de Ciencias Agrarias) sea otro de los miembros por parte de los egresados”, detalló una fuente.
La demanda de la PGR no solo legalmente inhabilita a los demandantes, sino que abre una nueva crisis legal y ética ya que por un lado el departamento legal tiene que defender a la universidad de sus demandantes y, por otro extremo, ahora tiene que nombrar a un equipo para defender a los demandantes de las acciones de la Procuraduría, en las cuales están involucrados los siete postulantes antes mencionados, los comisionados Redondo y Turcios, así como el rector Wilmer Reyes.
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