TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos se encargo de presentar la documentación del caso “Pandora II” que acusa a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), además de otros exfuncionarios.
En ese sentido, Santos aseguró que presentaron “todas las pruebas necesarias que acreditan la participación de los que están ahí incluidos”.
“Lo que esperamos es que se haga justicia en ese saqueo de 288 millones”, declaró Santos.
Santos confirmó que la totalidad de los fondos fueron destinados a la campaña política del expresidente de Hernández, quien buscaba la presidencia de la República en 2013.
Cabe destacar que este requerimiento es una extensión del caso Pandora I, por lo que el fiscal encargado explicó que 282 millones eran del primer caso y 6 millones de Pandora II, pues se identificó que se sustrajeron de Banadesa.
Asimismo reiteró que son las mismas fundaciones “Todos Somos Honduras”, “Dibattista”, “Azules Unidos”, “Amigos de JOH” y la sociedad mercantil “La Cachureca”.
Además explicó que la denuncia se presentó “hasta que estaba lista”, pues no cuentan con el recurso humano necesario para entregarlo en años anteriores, tal como critican varios sectores.
Sobre los funcionarios que se encuentran en la lista, argumentó que participaron en los procesos de desembolsos que se entregaron en dichas fundaciones ligados al exgobernante reelegido en 2017.
Resultados de la investigación
De acuerdo a la investigación de la UFERCO, la acusación del expresidente Hernández se debe a beneficios obtenidos por recibir financiamiento de al menos 62 millones de lempiras provenientes desde las instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en las campañas políticas.
Utilizando la creación de empresas fantasmas, contratos falsos y prestanombres los fondos llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, asimismo en la sociedad mercantil identificada como “La Cachureca” y a otros líderes de sus compañas departamentales.
Por su parte se involucra al expresidente Lobo Sosa, por el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas por JOH, teniendo una “participación directa”.
Asimismo, las indagaciones señalan que el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, desde la Sefin aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación “Todos Somos Honduras”.
Por su parte, los otros ocho exfuncionarios se les acusa de conformar una presunta red de corrupción entre los años 2010 y 2013 en la aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L.288,016,175) que fueron trasladados hasta las fundaciones “Todos Somos Honduras” y “Dibattista”.
En dicho traspaso de fondos participaron como instituciones el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.
