TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las decisiones teñidas de intereses políticos adoptadas desde la presidencia del Poder Judicial (PJ) tienen sumida en una crisis a las máximas autoridades de este poder del Estado.
Uno de los más grandes problemas radica en la disyuntiva creada en la Sala Constitucional, al trastocar el orden de precedencia sobre el magistrado que debió de asumir la presidencia de esa Sala, en este caso Luis Padilla.
Esto ha derivado, entre otras cosas, que desde el pasado 5 de febrero la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, no convoque a un pleno a los otros 14 magistrados.
Para Anny Ochoa, recién nombrada magistrada coordinadora de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, “una de las situaciones que vale la pena valorar es que vamos a estar causando retardo en la aplicación de la justicia, que eso puede ir en perjuicio de la ciudadanía”.
Según Ochoa, el hecho de no convocar a pleno abona para que muchas personas que tienen procesos en materia civil, penal y laboral, no logren obtener su libertad por la falta de resoluciones.
Sobre ese parón en torno a la no realización de los plenos, Ochoa argumentó que “seguimos en espera; cinco magistrados de los 15 de la Corte Suprema de Justicia solicitamos por escrito a la señora presidenta del Poder Judicial que nos convocase a pleno de magistrados; todavía no tenemos ninguna respuesta”.
El hecho de no querer debatir ese particular en un pleno de magistrados ha provocado el estancamiento judicial.
