La dilatación de casos en los tribunales de justicia de Honduras es un hecho innegable, pero debe permitirse a los jueces explicar sus decisiones, afirmó este miércoles la magistrada Norma Iris Coto.
Coto, miembro de la Asociación de Jueces de Honduras, reconoció que 'de que hay retardo de justicia, eso nadie lo puede negar, es lo que más reclama la ciudadanía, la tardanza, la mora judicial'.
Sin embargo, instó a que se permita a los jueces explicar los motivos de las resoluciones emitidas que han retrasado los procesos.
'El retardo en la justicia llegó a un punto que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una cantidad de casos con retardo de justicia y muchos tal vez no es un retardo malicioso, pero sí un retardo por negligencia en la labor jurisdiccional', dijo la abogada.
Insistió en que 'lo que nosotros como Asociación de Jueces (de Honduras) defendemos, es que se le dé el derecho al juez de descargar porque puede ser un juez que lleva 400 casos y que no tiene todos los implementos para poder realizar su trabajo con celeridad'.
También destacó que cuando hay vigilancia por parte de la Inspectoría de Tribunales y el mismo Consejo de la Judicatura, principalmente si es efectiva como lo es actualmente, 'nos pone a los jueces con temor a una posible suspensión, un sabio temor de hacer las cosas bien para evitar que nos vayan un día a suspender'.
Ayer, el Consejo de la Judicatura resolvió suspender de forma provisional a la juez Nelly Lizeth Martínez, encargada del caso por malversación de casi 500 mil dólares contra el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el exgerente administrativo de la Cancillería de Honduras, Rafael Barahona.
