El nuevo Código Penal advierte que el funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco a siete años.
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A esto se le suma una multa por la cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión.
En el caso de los hospitales móviles, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) aseveró que el valor defraudado es de 1,174 millones de lempiras.
Es decir que si ambos exfuncionarios son hallados culpables de fraude se exponen a una multimillonaria multa que sobrepasa los 3,522 millones de lempiras cada uno, según lo estipulado en el Código Penal.
Mientras que la misma normativa penal castiga con entre tres y seis años de prisión a los funcionarios si indebidamente omite, rehúsa o retarda cualquier acto propio de las funciones que desempeña.
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“En el caso de que los actos se refieran a tareas de justicia, orden público, educación o salud pública y exijan un cumplimiento inmediato, la pena se debe incrementar en un tercio”, advierte el Código.
Es decir que los dos exfuncionarios se exponen a una pena mínima de ocho años y una pena máxima de 13 años de prisión si son declarados culpables.
El jueves anterior, Bográn y Moraes fueron acusados por su presunta participación en la compra sobrevalorada de los siete hospitales móviles.
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En el requerimiento fiscal incluye al guatemalteco Axel López, quien con sus empresas Elmed Medical System y HospitalesMóviles.com sirvieron de intermediarios para la venta de los lotes hospitalarios.
López es acusado de dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública a título de cooperador necesario. Él está prófugo de la justicia hondureña.
