El 16 de septiembre recién pasado, en la comunidad de Ibans, desde un helicóptero militar se realizaron una serie de ráfagas de artillería contra la tripulación de una lancha, que según los militares transportaba droga, pero que, de acuerdo con la versión de los pobladores del lugar, solo trasladaba barriles de combustible.
El hecho dejó como saldo cuatro pobladores muertos y otros 13 resultaron heridos. Las Fuerzas Armadas en ningún momento presentaron evidencia de que los muertos y heridos eran traficantes de drogas.
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Familiares de las víctimas, en busca de justicia, acudieron al Ministerio Público, sin embargo, la dirigente misquita Mirna Wood aseguró que la fiscalía no le ha prestado atención al caso, por lo cual -según ella- Honduras terminará siendo sentenciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante la negligencia del Ministerio Público para investigar el ataque de los militares a la población civil, argumentando una lucha contra las drogas, “en estos próximos días una misión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas viajará a la comunidad de Ibans a verificar qué fue realmente lo que pasó ahí porque las autoridades de Honduras no se han movilizado a la zona”, explicó Wood.
Detalló que el caso lo tiene la Fiscalía de Derechos Humanos de La Ceiba, de la cual no hay mayor esperanza de que realice su trabajo.
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