TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público solicitó este miércoles a los tribunales la detención judicial contra el exadministrador de Copeco, Gabriel Rubí, quien es acusado de los delitos de violacion a los deberes de los funcionarios y fraude en la compra de una carpa móvil en Villanueva, Cortés.
Así lo dio a conocer Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien reveló que en la celebración de la audiencia de declaración de imputado, el ente acusador explicó las causas. “Según el MP, existe riesgo de abandono del país -de parte del imputado- por la gravedad de las penas y por dos procesos que están avance”, mencionó.
Ante la petición, la defensa del imputado solicitó medidas cautelares diferentes a la detención judicial presentando arraigos como las propiedades de los domicilios, actas de matrimonio, una denuncia ante el CONADEH, entre otros.
Por su parte, el juez de Letras en Materia de Corrupción escuchó ambas partes y convocó a la 1:00 de la tarde de este miércoles para determinar si el exfuncionario pasará en una cárcel o en su casa mientras espera su audiencia inicial.
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Acusación
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentó requerimiento fiscal al ex Secretario de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), Gabriel Alfredo Rubí Paredes, el ex Subsecretario de Salud, Nery Conrado Cerrato Ramírez, el exadministrador de COPECO, Cristian Elías Santeli Chavarría y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.
El caso está relacionado a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al covid-19 en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis millones de lempiras (L.5,560,278.21), pero, lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.
Por este caso, el Juzgado en Materia de Corrupción dictó medidas distintas a la prisión en favor de Cerrato y programó la audiencia inicial para el 14 de septiembre.
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