TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El reclamo del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, de desarticular las mafias de empleados y tramitadores en el Instituto de la Propiedad (IP) por la entrega de las nuevas placas es válido y para todas las instituciones.
Así los consideró ayer el titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Carlos Madero, quien fue encomendado ayer por el presidente Juan Orlando Hernández para atender esta problemática.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO evidenció cómo un grupo de tramitadores, confabulados con empleados del IP, están cobrando fuertes cantidades de dinero por sacarle la placa nueva a los ciudadanos.
Esto molestó a Hernández, demandando ayer que se comiencen a tomar medidas para garantizar un servicio eficiente y gratuito a los ciudadanos, como debe de ser.
“Tenemos sistemas que son gratuitos, que los ciudadanos no deben pagar por ellos y cuando un funcionario se colude con un tramitador para hacer una acción que es gratuita para la población, se genera una inconformidad que es latente en la gente”, reconoció Madero.
La orden es que si un trabajador o un funcionario del gobierno se ha coludido con un tramitador, lo procedente es que sea separado de su cargo de inmediato.
El funcionario refirió que por eso se necesita ir avanzando en el gobierno electrónico, porque así se quita la intermediación de una persona y, por ende, los actos de corrupción.
Madero advirtió que la dispensación de placas es un proceso completamente gratuito y nadie tiene que pagar por él.
Pero cuando llegan los tramitadores y sacan las placas, eso refleja que existe una colusión interna que se debe regular.
“Si tenemos que hacer más fácil el sistema de dar las placas habrá que buscar un mecanismo que sea más ágil y que no permita que exista una colusión entre tramitadores y trabajadores”, declaró ayer el funcionario.
Al tomar estas acciones no se implica en violación a los derechos de los trabajadores, afirmó Madero, porque la colusión termina siendo una falta grave que es sancionada.
“Lo que procede es hacer las audiencias de descargo respectivas y separarlos del puesto de trabajo”, advirtió.
