Honduras

Nuevas medidas en Injupemp buscan evitar colapso financiero

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12.06.2017

Tegucigalpa, Honduras
El techo de jubilación para los empleados públicos que ganan arriba de 80 mil lempiras y el aumento gradual en la cotización de 2.5 por ciento (0.5 cada dos años) garantizarán la existencia de Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).

Mediante el decreto No 357-2013 se aprobaron las reformas a la Ley del Injupemp, que establece un límite para definir el monto de la jubilación que recibirá el trabajador cuando se retire, la cual se calculará en base a un salario promedio que actualmente es de 80,331 lempiras y que aumentará cada año de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC).

La medida se tomó como una recomendación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) argumentando que la institución de previsión no recibía los recursos suficientes para garantizar el pago de los incrementos de los beneficios de sus afiliados a largo plazo, surgiendo el desbalance o déficit actuarial, entre ingresos y egresos.

Al cierre del 2016 el déficit actuarial del Injupemp era de 33,519 millones de lempiras, pero con la nueva ley vigente a partir del 13 de mayo del 2014, se prevé un restablecimiento financiero a mediano plazo.

La visión de las autoridades es reducirles la pensión a los que más ganan y mejorar las condiciones de los aportantes con menos ingresos, pero a la vez manda a aplicar un aumento a la aportación, que es de un 3.5 por ciento del lado patronal, o sea, el gobierno, pasando del 11 por ciento al 14.5 por ciento para el 2018 y de 2.5 por ciento del participante, pasando de 7 por ciento a 9.5 por ciento para el 2025.

Es así que la cuota de contribución mensual será de 24 por ciento del 2025 en adelante, casi igual a la del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), que es del 24.5 por ciento.

Existencia

La situación del Injupemp no era tan grave como la del Inprema y la del Instituto de Previsión Militar (IPM), pero sus recursos hubiesen sido insuficientes dentro de 20 o 30 años si no se tomaban estas acciones, afirmó a EL HERALDO, el asesor de dirección del Injupemp, Jacobo Santos.

Destacó que “las reformas de la ley buscan la estabilidad financiera del instituto no a cinco o diez años, sino que a perpetuidad, para que dentro de 20 o 30 años haya dinero para pagar la jubilación y no decirles a los jubilados no hay”.

El impacto de esta medida es directo para los médicos y enfermeras, quienes gozan de la garantía constitucional de poder optar a más de una plaza en el sector público, y muchos llegan a ganar más de 100 mil lempiras debido a que laboran en dos o tres centros de atención médica del sistema público nacional.

Santos justificó que los trabajadores que devengan arriba de 100,000 lempiras son muy pocos, que representan entre en 2 y 5 por ciento y la ley busca el interés de las mayorías de los participantes, que son entre el 95 y 98 por ciento, es por ello que se creó un techo de salario, para hacer una redistribución de pensiones más equitativa para los que ganan menos.

Descalabro

El presindente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), Miguel Mejía, aseguró que no están totalmente de acuerdo con las reformas a Ley de Injupemp, que se lograron suavizar en alguna medida gracias a intervención de la clase trabajadora.

“A quien la ley beneficia es a la institución, porque en alguna medida permite que den menos de lo que deberían si la jubilación fuera por ambas plazas, en el caso de los médicos que tienen doble plaza”, declaró Mejía.

En cuanto al aumento gradual a las aportaciones, refirió que esto afecta a todos los trabajadores afiliados al Injupemp, no solo a los que ganan más de 80,000 lempiras, porque la deducción de 0.5 por ciento ya se comenzó a aplicar desde enero de este año.

“El descalabro que hubo en el Injupemp no es imputable a los trabajadores sino a las malas administraciones”, apuntó.

Pensiones deben ser moderadas y sostenibles

El comisionado presidencial de Protección Social, Roberto Carlos Salinas, indicó ayer que la intención de las reformas a la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) es que las pensiones sean moderadas, suficientes y sostenibles para todos los contribuyentes.

Mensualmente el Injupemp recibe más de 211 millones de lempiras por concepto de cotizaciones patronales y personales que provienen de sus 46,765 participantes activos, de los cuales 137 devengan más de 80,331 lempiras mensuales, quienes al momento de jubilarse, con la ley anterior, se hubiesen marchado con jugosas pensiones de por vida.

Salinas señaló que en el sector público hay empleados que devengan salarios estratosféricos que serían insostenibles para este instituto de previsión y por ello se reformó la ley en el 2013.

Vitalicias
“Hay personas que ganan mucho en el gobierno y pretenden que con recursos del Estado, con el impuesto que pagamos todos, se les den pensiones vitalicias sobre salarios de cientos de miles de lempiras”, recriminó el también ex comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Salinas recalcó que resulta injusto e insostenible para los afiliados del Injupemp que solo un 5 por ciento esté aportando a un fondo de previsión que les generaría retiros dignos, mientras otros reciben jubilaciones bajas.