Así lo anunció el lunes a EL HERALDO una fuente ligada al órgano unicameral, quien insistió que lo único que procede son cambios, pero que aún no se ha definido de qué forma se harán las modificaciones al articulado de ese conjunto de normas que está vigente desde el pasado 25 de junio.
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Una opción sería que desde el CN se designe a una mesa de trabajo con representantes de los distintos sectores sociales que plantearían las reformas al marco legal, que consistirían en el endurecimiento de penas a los delitos de corrupción, violencia sexual, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros ilícitos.
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Mientras esté vigente el estado de excepción en el país a causa del covid-19, las disposiciones del nuevo Código no pueden ser sometidas a enmiendas, por lo que estas se podrían materializar a mediano o hasta largo plazo amparados en el artículo 188 de la Constitución de la República, indicó el vicepresidente del Poder Legislativo, Mario Pérez.
Bajo el oficio SDP 162-2020, el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, remitió al Legislativo el viernes pasado la solicitud ya sea para someter a debate que se derogue totalmente el decreto 130-2017 contentivo de la novedosa normativa en materia penal.
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