'En caso de que se precise la interposición de las acciones legales en contra del contratista, la Procuraduría General de la República requiere que, tras los procedimientos legales de mérito, la instancia administrativa de la contratación emita los actos jurídicos sobre los que se ejercerían las acciones correspondientes', estableció la PGR en un comunicado de prensa.
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El organismo, protector de los intereses del Estado de Honduras, instó al TSC a sustanciar los procedimientos administrativos pertinentes, determinar si existe responsabilidad administrativa o civil para los funcionarios o exfuncionarios que hubiesen inobservado o incumplido los requisitos y procedimientos para la preparación y adjudicación de las compras o suministros pactados, permitiendo con ello, el ejercicio por parte de la PGR de las acciones civiles resultantes de la intervención fiscalizadora constitucionalmente atribuida al TSC.
Asimismo, señala que 'ante la posibilidad de que exista razonablemente indicios para deducir responsabilidad penal por acción u omisión de los involucrados en la contratación de los hospitales móviles destinados para atender a la población y las necesidades de salud causadas por la pandemia de la enfermedad covid-19, dependerá de los hallazgos resultantes en la investigación que realicen el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público'.
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La PGR aseguró que 'dentro del proceso penal contra los supuestos responsables en la contratación que promueva el Ministerio Público, actuará según sus atribuciones en protección y defensa de los intereses del Estado, y accionará para que se restituyan los bienes y derechos del Estado lesionados'.
