TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El recurso de apelación interpuesto por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández está en poder del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, que está a un paso de convocar al pleno de magistrados para resolverlo.
Solo resta que la defensa del expresidente se apersone a la CSJ para que Argueta convoque a los magistrados que actuarán como tribunal de alzada en el proceso de extradición que se le sigue al exmadatario.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, indicó que “ahora lo que corresponde es que la Secretaría General estará notificando esta recepción a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia este mismo día (el miércoles) y se debe dar el cumplimiento del plazo establecido en el Auto Acordado en relación con el personamiento de los abogados de la defensa”.
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Duarte explicó que “los tres días dentro de los cuales debe convocarse el pleno de magistrados de la CSJ para la discusión y el análisis del recurso de apelación corren a partir de este personamiento en la instancia de apelación por parte de los abogados que lo representan”.
Siendo así, el tiempo en que se reúna el pleno para desempeñar el papel de Corte de Apelaciones o segunda instancia y resolver el recurso de apelación incoado por los apoderados legales del exmandatario, dependerá del día en que los defensores puedan presentarse ante la presidencia de la CSJ”.
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La defensoría
Félix Ávila, apoderado legal del exgobernate Hernández, confirmó que “en realidad la defensa tiene hasta el día viernes para hacer el escrito de personamiento”.
El togado ratificó que después de su asistencia, el pleno de la CSJ tendrá otros tres días hábiles para reunirse y tomar la decisión. “Eso es lo que se entiende, así debería de ser, por que el juez natural está dándole trámite al recurso de apelación conforme a las reglas del Código Procesal Penal”, precisó Félix Ávila.
“Los recursos extraordinarios, las acciones constitucionales están pendientes aún, es decir, el amparo constitucional que establece la Constitución de la República en el artículo 183 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos) 8 y 25 de ese tratado”, arguyó, en caso de que la extradición del expresidente Hernández fuera confirmada por la Corte de Apelaciones.
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No será culpa del gobierno
Rodolfo Pastor de María y Campos, ministro de la Presidencia, dijo que “si lo dejan acá yo no vería una sanción de Estados Unidos hacia Honduras porque no es el país; aquí la Policía y el Ejecutivo colaboraron para que Juan Orlando Hernández se sometiera al proceso de extradición”.
El funcionario del actual gobierno aseguró que, en caso de que no sea extraditado, “pasa por el aparato de justicia corrupto que representa a los intereses del gobierno anterior; ese sería sancionado. Las personas que están tratando de proteger a Juan Orlando, esas serían sancionadas”.
El exgobernante es acusado por el gobierno de los Estados Unidos por tres delitos vinculados con el narcotráfico y tráfico de armas de alto poder. Hernández es solicitado en extradición por Estados Unidos para responder una grave acusación por narcotráfico y uso de armas.
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