TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el ranking de los documentos más utilizados en el país destacan, por obvias razones, el Documento Nacional de Identificación (DNI), licencias para conducir un automotor y la constancia de antecedentes penales; este último requerido para varios fines, pero principalmente es una exigencia al buscar una nueva plaza de trabajo.
Es por ello que el adquirir una certificación de antecedentes penales produce considerables ingresos al Estado y en este caso preciso, al Poder Judicial (PJ).
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En la última administración, presidida por Rolando Edgardo Argueta Pérez, el Poder Judicial percibió la suma de 439,972,980 lempiras por concepto de la emisión de constancias de antecedentes penales, entregados en oficinas a nivel nacional.
Esa cantidad fue pagada por más de dos millones de ciudadanos, que desde enero de 2016 a diciembre de 2022 solicitaron en más de una ocasión este útil documento.
Ingresos
Para el caso, en el año 2016 entraron a las finanzas de ese poder del Estado, 53,185,455 lempiras.
En 2017 la cifra incrementó a 60,323,250 lempiras de ingresos y para el 2018 los números llegaron a 63,310,550 lempiras y durante el 2019 las arcas del Poder Judicial recibieron 67,787,850 lempiras.
La llegada de la pandemia del covid-19 marcó un significativo descenso en la solicitud de estas constancias, derivado de la enorme recesión económica y por ende se redujo la captación de estos fondos.
Tanto fue el impacto que en el 2020 solo se percibieron 47,658,238 lempiras; o sea, 20 millones de lempiras menos de lo recaudado en 2019.En 2021, los ingresos mejoraron ostensiblemente con la normalización de los trabajos, a pesar de seguir en pandemia.
En ese año, los ciudadanos pagaron 73,851,936 lempiras, registrándose en enero de ese año la cifra más alta de solicitudes y per se de ingresos, con L 11,782,074, solo en ese primer mes de 2021.
Entre tanto, el 2022 tuvo una cifra récord, alcanzando los 73,855,701 lempiras, unos 3,765,000 más de los ingresados en 2021 a las finanzas del Poder Judicial.
Emisiones gratis
Desde enero de 2016 al cierre de diciembre de 2002, se entregaron 1,439,769 constancias de antecedentes penales en las distintas judicaturas a personas menores de 25 años cuyo propósito fuera para solicitud de un empleo.
Además, gozaron de este beneficio todas las personas de la tercera edad que en su momento gestionaron ese documento en el periodo de tiempo señalado.
El año de más emisión gratuita fue el 2018, en el que se entregaron 260,207 hojas o constancias de antecedentes penales a los hondureños.
