La medida busca que los funcionarios y empleados judiciales permanezcan en sus respectivas viviendas, limitándose a circular en casos de extrema necesidad o urgencia, por razones personales o laborales ante la emergencia por el coronavirus.
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La suspensión de labores pretende restringir el trabajo presencial a lo mínimo indispensable pero no implica un asueto o vacaciones, por lo que magistrados, jueces, directores, coordinadores, jefes y demás servidores judiciales de las áreas jurisdiccional, técnica y administrativa, deberán realizar cuanta actividad laboral les sea posible, que legalmente sea permitido, en y desde sus respectivas viviendas, tales como avanzar en la redacción de actas, providencias, autos y sentencias.
Los juzgados y tribunales que tenían audiencias programadas para los días con toque de queda deberán suspenderlas y reprogramar las mismas, en consonancia con lo dispuesto en el acuerdo.
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