Tegucigalpa, Honduras
Si la exmodelo Ilsa Vanessa Molina se presenta voluntariamente al Juzgado Penal, solo le espera la prisión.
Así de claro lo establece la normativa legal vigente.
El pasado 15 de diciembre, el Ministerio Público (MP) informó del quinto requerimiento fiscal que interpuso en el Juzgado de Letras Penal por actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Imputa el delito de lavado de activos contra 11 personas, entre ellas la exmodelo Ilsa Molina.
De este grupo guardan prisión el exdirector del IHSS, Mario Zelaya Rojas; el exjefe administrativo, José Ramón Bertetty; y Michelle Alejandra Rojas.
En respuesta a la petición del MP, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional libró orden de captura contra los ocho restantes. Entre ellos, la exmodelo Ilsa Molina y el exjefe de Compras y Suministros del IHSS, José Zelaya Guevara, con quien mantuvo una relación sentimental.
Se libró una orden de captura nacional e internacional.
Sin embargo, la defensa de la exmodelo conduce una estrategia, que incluye presentarla voluntariamente a los tribunales.
Héctor Durán, apoderado de Ilsa Molina, aseguró que desde el inicio de la investigación su representada se encuentra en toda la disponibilidad de enfrentar a la justicia hondureña, siempre y cuando se le garantice un debido proceso y las demás garantías establecidas en la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. Solo espera que el MP concluya unas diligencias investigativas en beneficio de su defensa para presentarla a los tribunales. Al respecto, dijo confiar en la objetividad del MP. La defensa pretende que el MP valore una documentación para que desista de acusar a Ilsa Molina.
El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, ve con escepticismo la intención de Ilsa Molina de presentarse voluntariamente a enfrentar la justicia.
No cree que se presente junto a su abogado al Juzgado Penal, en vista que saben que no hay medidas cautelares sustitutivas a la prisión por el delito de lavado de activos.
El decreto 56-2013, vigente desde el pasado 17 de mayo, reforma el Código Procesal Penal con respecto a la aplicación de medidas cautelares.
Con dicha reforma no procede la imposición de medidas sustitutivas de la prisión preventiva en 21 delitos, entre ellos el lavado de activos.
Por consiguiente, el día que Ilsa Molina decida acudir voluntariamente al Juzgado, se celebrará una audiencia de declaración de imputado en la cual el juez conocedor de la causa le impondrá la detención judicial. Por consiguiente, tendría que ser de inmediato remitida a un centro de reclusión, seguramente a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Por este oscuro escenario que le espera, los fiscales no ven como viable que Ilsa Molina decida presentarse voluntariamente al Juzgado.
“Si lo hace (presentarse a los tribunales) sería correcto”, indicó Ramírez Aldana. En torno a las diligencias que pide la defensa evacuar, Ramírez Aldana aclaró que las mismas ya fueron evacuadas y no hay nada más que hacer en este caso.
Sobre el tema, la Policía Internacional (Interpol) notificó a los 190 países donde tiene su sede la orden judicial de capturar a Ilsa Molina.
Trascendió que la exmodelo abandonó el país previo a que el MP la acusara en los tribunales. Su defensor justifico que aún el Juzgado no le había prohibido salir del país.
Preparados
El MP se encuentra listo para recibir cualquier llamado del juzgado sobre una posible presentación de la exmodelo.
Al respecto, Ramírez Aldana sostuvo que el MP cuenta con todos los elementos probatorios para acreditar la comisión del delito de lavado de activos y la responsabilidad de Ilsa Molina y los otros coimputados en el mismo.
“Estamos preparados para sostener la imputación contra ella (Ilsa Molina)”, indicó.
Prueba de ello es que en una pasada audiencia inicial, sobre este requerimiento fiscal, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó el auto de formal procesamiento contra Mario Zelaya, José Bertetty y Michelle Rojas. Asimismo, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva; los dos primeros la cumplen en el Primer Batallón de Infantería y la última en la PNFAS.
Esta quinta acusación sobre actos de corrupción en el IHSS refiere al millonario desfalco mediante utilización de diez “empresas fantasma”.
Bajo este mecanismo, el MP documentó alrededor de 300 millones de lempiras que fueron saqueados directamente por personas vinculadas familiarmente o por lazos de amistad con los tres “cabecillas” de esta organización: Mario Zelaya, José Zelaya y José Bertetty
La exmodelo representaba a la empresa Insumedic, mediante la cual según el MP sustrajo fondos del Seguro Social que fueron invertidos en la compra de bienes inmuebles, algunos ya asegurados por las autoridades.
