Que el pueblo decida por la vía del plebiscito y referéndum el futuro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) propuso este martes el presidente Juan Orlando Hernández.
En un nuevo llamado a favor de esta fuerza de seguridad, el gobernante planteó que se haga la consulta en las próximas elecciones generales ante la férrea oposición de varias fuerzas políticas en el Congreso Nacional (CN).
Hernández volvió a llamar a los hondureños a pronunciarse a favor de la PMOP para que los diputados aprueben la ratificación del decreto 283-2013, que la eleva a rango constitucional y garantiza su permanencia en el futuro.
Pidió a las cúpulas de los partidos Libre, Pac y Liberal apoyar que la Policía Militar obtenga rango constitucional y en las próximas elecciones que el pueblo decida si continúa de esta manera.
El lunes en cadena nacional de radio y televisión, Hernández cuestionó que quienes se oponen al cuerpo de seguridad “o tienen un pacto secreto con las fuerzas oscuras criminales o es puramente un sesgo ideológico”.
Este martes, en la inauguración del megaparque de la colonia San José de la Vega, llamó a la oposición política a someter el tema el escrutinio del pueblo hondureño para que decida cuál debe ser el futuro de la Policía Militar.
“Si tienen duda de qué piensa el pueblo hondureño sobre la permanencia de la Policía Militar, yo, a través del presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, y directamente al ciudadano Manuel Zelaya Rosales, al ciudadano Salvador Nasralla, al ciudadano Mauricio Villeda, yo les hago la siguiente propuesta”, comenzó Hernández.
“En Honduras ya existe el plebiscito y el referéndum, que es cuando el pueblo decide, entonces aprobemos ahorita subir la Policía Militar y dejarla permanente en la Constitución a través del Congreso y en la próxima elección general pongamos una urna y que el pueblo decida si quiere la Policía Militar o no la quiere, va pagado”, afirmó.
“Varios de los que no coinciden conmigo dicen: ‘estamos de acuerdo con la Policía Militar, pero no queremos llevarla a la Constitución’ y qué mal haría que la lleváramos en la Constitución entonces”, preguntó.
“Yo aprovecho esta reunión para mandarles una mensaje a los que no están de acuerdo conmigo en esa posición, estamos en una democracia y es normal que tengamos opiniones diferentes, podrán estar en posiciones diferentes conmigo, pero yo les garantizo que el pueblo hondureño entero sabe cuáles son mis convicciones y una de esas es recuperar la paz y la tranquilidad del país”.
“Yo no quiero pensar únicamente en mi presidencia, sería irresponsable, mal haría yo pensar solamente en los tres años que faltan, yo debo pensar que mi país va a quedar listo y que no va a volver a sufrir lo que ha sufrido esta década atrás”.
“Ciudadanos de Honduras, ser ciudadano significa participar de las grandes decisiones, que nadie decida por ustedes, decidan ustedes, háblenle a sus diputados, díganle qué piensan, qué sienten, apunten las actuaciones de cada uno de nosotros”.
“Cuando venga el momento le aplauden, le agradecen, vuelven a confiar en él, o le dicen: ‘se equivocó’, pero solamente así aprendemos los políticos... Yo les dije en campaña y se los sostengo hoy: ‘yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para que este país vuelva a vivir en paz y tranquilidad’”, subrayó.
Hernández afirmó que el día de mañana que deje de ser Presidente “no quisiera estar con el temor de que alguien que llegue ahí desaparezca la Policía Militar, por eso es importante que quede en la Constitución.
Origen y correlación de fuerzas
El decreto 283-2013, que otorga el estatus constitucional a la Policía Militar del Orden Público, fue aprobado el 8 de enero del año pasado (última legislatura del gobierno de Lobo Sosa), por los dos tercios de los votos de la cámara, integrada en su gran mayoría por diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal. A esas alturas ya habían sido electos los nuevos diputados, pero no habían tomado posesión de sus cargos.
El decreto fue parte de más de 200 decisiones legislativas que fueron aprobadas en los últimos dos meses de la última legislatura, aprovechando la mayoría calificada controlada por el Partido Nacional.
Como toda reforma constitucional, requiere la ratificación en la subsiguiente legislatura, toca ahora someterla a consideración de los diputados cuya militancia partidista ya no es la misma de enero de 2014.
Consecuentemente, al Partido Nacional en el poder, principal interesado en la figura constitucional, no le queda otra opción que consensuar los votos con la oposición, que hasta anoche no daba muestras de apoyo al proyecto.
Las fuerzas en este nuevo Congreso están distribuidas así: Partido Nacional, 48 diputados; Libre 35 (tenía 37, pero ya no votan por su causa Esdras Amado López y Eduardo Coto); Partido Liberal, 27; Partido Anticorrupción, 13; Unificación Democrática, 1; Democracia Cristiana 1 y Partido Innovación y Unidad, 1.
Para alcanzar los 86 diputados que exige la Constitución, al Partido Nacional le hacen falta 38 diputados de los cuales ya anticiparon su respaldo el de la DC y posiblemente la UD. Aún así le faltarían 36 votos que deberá sacar de los partidos Libre, Pac y Partido Liberal.
El Partido Liberal, que el año pasado votó a favor del primer paso constitucional de la Policía Militar, esta vez -a través de algunos miembros del Central Ejecutivo- ha expresado su rechazo total. Sin embargo, hay algunos diputados liberales que estarían dispuestos a votar por la iniciativa nacionalista, como también los hay en Libre y el Pac, según los corrillos políticos. Aún así, hasta anoche no se acumulaba la mayoría calificada.
Fue el 22 de agosto de 2013 que el Congreso Nacional, mediante decreto número 168-2013, creó la Policía Militar del Orden Público.
Primer paso de rango constitucional
El 8 de enero de 2014 se elevó a rango constitucional (primera fase) la unidad militar. Esta medida reforma los artículos 274 y 329 de la Carta Magna vigente desde el 11 de enero de 1982.
El decreto dice:
Artículo 1: “Reformar por adición los Artículos 274 y 329 de la Constitución de la República, contenida en el Decreto 131 del 11 de enero de 1982, el cual debe leerse de la manera siguiente:
“Artículo 274. Las Fuerzas Armadas de Honduras estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Deben cooperar con las Secretarías de Estado, los municipios y demás instituciones, a pedimento de estas o del Presidente de la República, en labores de seguridad pública, alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria.
También son funciones y obligaciones de la Policía Militar de Orden Público las directrices que emanan directamente del presidente de la República.
Participan en misiones internacionales de paz, con base en tratados internacionales; prestan apoyo logístico de asesoramiento técnico, en comunicaciones y transporte; en la lucha contra el narcotráfico; colaboran con personal y medios para hacer frente a desastres naturales y situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes; así como en programas de protección y conservación del ecosistema, de educación académica y formación técnica de sus miembros y otros de interés nacional.
Añade: “Además cooperan con las instituciones de seguridad pública, a petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, así como en la protección de los poderes del Estado y el Tribunal de Elecciones, a pedimento de estos, en su instalación y funcionamiento.
Forman parte de las Fuerzas Armadas de Honduras la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuyas funciones y obligaciones se establecen en su Ley especial.
Los municipios, las zonas sujetas al régimen especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y demás entes del Estado pueden en casos especiales, solicitar al Presidente de la República ordenar a las Fuerzas Armadas de Honduras que se incorporen a las tareas de seguridad pública y el combate al delito a través de la Policía Militar del Orden Público u otro órgano de la misma Institución.”
El 329, de ser ratificado, tiene que ver con la función de vigilante que tendrá, a solicitud del Presidente de la República, la Policía Militar en las Zonas Especiales de Desarrollo.
Entre otras cosas, la enmienda dice: “Los municipios, patronatos y asociaciones en barrios, colonias o comunidades en general, pueden a través del Plebiscito u otro mecanismo de consulta ciudadana o de participación comunitaria acogerse voluntariamente al régimen especial de seguridad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), ya sea bajo la protección de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) u otro órgano de seguridad designado en estos regímenes especiales, de conformidad a lo establecido en el Artículo 274 de la Constitución.
El Presidente de la República puede decretar en resolución de Consejo de Secretarios de Estado que ciertas zonas o áreas pobladas o no, queden bajo el régimen especial de seguridad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”.
