TEGUCIGALPA, HONDURAS
El juez que conoce el caso de los dos diputados del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano y Román Villeda, dictó medidas cautelares a los congresistas, quienes este viernes se presentaron a la audiencia inicial.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), solicitó que a los parlamentarios se les destituyera de su cargo como congresistas, por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.
En ese sentido, la resolución del juez natural designado fue que se ratificara el requerimiento fiscal, ordenando una alerta migratoria que les impedirá salir del país, asimismo, se determinó que ambos congresistas acudan a firmar semanalmente, cada viernes, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, la petición del MP de destituirlos del cargo no fue otorgada, pues 'en la valoración del juez asignado no se cumplen los requisitos suficientes argumentados por la Fiscalía', indicó el portavoz de la CSJ, Melvin Duarte. Por lo que podrán seguir fungiendo como diputados en el Hemiciclo Legislativo.
Su llegada
Los diputados llegaron este viernes a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde se programó para las 8:30 de la mañana el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado.
Zambrano y Villeda llegaron minutos antes de la hora acordada, se bajaron de su vehículo acompañados de sus abogados, pero decidieron no brindar declaraciones, hasta que finalizara su comparecencia ante el juez.
A eso de las 9:50 de la mañana el juez natural determinó suspender la audiencia de declaración de imputados, la cual se reanudó hasta las 2:00 de la tarde. Fue hasta las 4:20 PM que se conoció la resolución.
La audiencia inicial se programó para el lunes 18 de junio a las 8:30 de la mañana.
De acuerdo con la investigación, tanto Zambrano como Villeda, en su condición de secretarios del Poder Legislativo, realizaron conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso Nacional con la intención de crear una ley que favorecía a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
Este caso, denominado “pacto de impunidad”, se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la Ufecic presentó un requerimiento fiscal en contra de los exdiputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eleázar Juárez por malversación de caudales públicos.
