TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó este martes su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.
Durante la presentación del documento, la representante de la OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, manifestó que si bien hay avances en temas de derechos humanos en el país, son enormes los desafíos que todavía persisten.
Durante su participación, señaló que las causas de las violaciones de derechos humanos en Honduras son estructurales y multicausales y son el resultado de exclusiones históricas y de una institucionalidad capturada en beneficio de pocas personas.
El informe detalla que las altas de impunidad debido a la falta de investigaciones efectivas, demoras procesales y la limitada posibilidad de participación de las víctimas en el proceso penal, así como la falta de protección adecuada a las víctimas y testigos siguen constituyendo desafíos para el acceso a la justicia.
La OACNUDH mostró su preocupación sobre la duración prolongada del estado de excepción que se implementó en el país a partir de diciembre del 2022 para luchar contra la extorsión y otros delitos, y que a la fecha ha sido prorrogado en ocho ocasiones; indica que la medida podría generar riesgos de violaciones a los derechos humanos.
“En el marco del estado de excepción que se decretó en el 2022 y se ha renovado en varias ocasiones en 2023, incluso sin que haya habido un debate legislativo para su ratificación preocupa, porque que el estado de excepción es la medida como su nombre lo indica excepcional, pero se ha convertido en la normalidad; la recurrencia del estado de excepción evita que se puedan diseñar y poner los esfuerzos en el abordaje de las causas que subyacen a la criminalidad y sobre todo en el diseño de políticas integrales de seguridad”, dijo la representante de la OACNUDH en Honduras.
La diplomática mencionó que es preocupante que no se ha podido establecer cuál es la necesidad del estado de excepción y que el mismo no se ha traducido en efectividad. “Solamente el 1.7% de las detenciones han sido por el delito de extorsión, el resto de los delitos son por otros tipos delictivos”.
El informe indica que en el marco del estado de excepción se han registrado algunas violaciones graves de derechos humanos, en su mayoría cometidas por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) y la Policía Militar del Orden Público.
Entre las que resaltan casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y alegaciones sobre detenciones ilegales, así como el uso excesivo de la fuerza, abusos durante allanamientos de moradas e implantación de pruebas, en particular en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.
Albaladejo hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para evitar la recurrencia del estado de excepción para abordar los temas de seguridad y criminalidad en el país, pidió priorizar el diseño de una política pública enfocada en la prevención y la investigación.
El informe que fue dado a conocer a representantes gubernamentales y de sociedad civil menciona además que persisten problemas estructurales y prácticas institucionales que restringen indebidamente el espacio cívico, afectando el ejercicio de defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información y participación en asuntos públicos.
La OACNUDH observó que los ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron significativamente en comparación con 2022 y 2021.
“Ante el incremento de la situación de riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos, preocupa la falta de respuesta efectiva del Sistema Nacional de Protección, principalmente la falta de implementación oportuna y eficaz de medidas idóneas de protección”, establece el documento.
En 2023, la OACNUDH registró al menos 363 ataques contra 453 víctimas, de las cuales 308 se dedican a la defensa de los derechos humanos y 145 al periodismo.
El organismo de Naciones Unidas dio una serie de recomendaciones e instó a las autoridades a implementarlas, entre ellas fortalecer el Sistema Nacional de Protección a defensores de derechos humanos, promover espacios cívicos y de participación ciudadana, implementar políticas de seguridad, entre otras.
