Una comisión interventora integrada por personeros nacionales e internacionales es la apuesta de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para depurar la Policía Nacional.
La intervención debe ser de forma inmediata y debe ejecutarse por una comisión que deberá integrarse con siete miembros: cuatro deben ser hondureños y tres extranjeros, según Julieta Castellanos, rectora de la UNAH.
El documento que contiene la propuesta de la máxima casa de estudios del país establece que a la comisión se le deben otorgar amplios poderes y facultades para reformar los servicios policiales del Estado en forma profunda y sostenida, de manera que con el resultado de su trabajo se pueda garantizar a la ciudadanía que en el futuro cercano contará con un cuerpo policial que le brinde la seguridad democrática que la sociedad merece.
Los miembros serán escogidos y designados por el presidente de la República, el Presidente del Congreso Nacional y la rectora de la UNAH y ejercerán sus funciones a tiempo completo.
La propuesta presentada ante representantes del Ejecutivo y Legislativo da a conocer que la Comisión durará en el ejercicio de sus funciones un período de tres años, pudiendo ser prolongado su mandato.
Dará prioridad a la depuración de la Policía, la que deberá ejecutarse en los primeros seis meses de su funcionamiento.
Para el funcionamiento, el Ejecutivo dispondrá el financiamiento ya que la misma podrá gestionar, recibir y administrar recursos.
Requisitos
Para integrar la Comisión Interventora, los ciudadanos hondureños no deben ser funcionarios públicos, no haber sido parte de la Policía, Fuerzas Armadas ni de empresas que brinden servicios privados de seguridad, haber evidenciado reconocida independencia de criterio político y convicción democrática, tener ética en el ejercicio de sus actividades públicas y privadas.
Los propuestos deben tener conocimientos en cualquiera de las áreas de seguridad democrática de la ciudadanía y evidenciar competencias profesionales o experiencias en temas de derechos humanos, reformas institucionales en el Estado, políticas públicas, ciencias jurídicas, sociología, administración pública, ciencias políticas, medicina legal, sistemas de transparencia, auditoría social, rendición de cuentas, entre otros.
Mientras que los extranjeros deben ser expertos 'altamente calificados' en temas de seguridad democrática y reforma policial, con amplia experiencia de trabajo en dichos campos, preferiblemente vinculados a reformas policiales exitosas.
Marco legal
La Comisión Interventora estará investida de la autoridad requerida, dentro del marco de las leyes de la República, para planear, decidir, ejecutar y evaluar cada una de las funciones y atribuciones.
La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional están obligadas a proporcionar en forma inmediata la información que se requiera, sin excepciones de ningún tipo, así como a ejecutar las decisiones y recomendaciones que de ella emanen.
La propuesta de la UNAH plantea también que el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben cooperar en forma eficiente con la Comisión en todas las tareas que esta les solicite.
Proponen investigar dentro de la Policía, toda su estructura, desde la cúpula hasta su base, al igual que la procedencia del patrimonio de los policías, establecer sus ingresos y comparar sus posesiones y propiedades en bienes muebles e inmuebles así como las de sus cónyuges y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, durante los últimos cinco años.
Trasladar los servicios de investigación criminal al Ministerio Público manteniendo dentro de la Policía una unidad de investigación de delitos.
Despolitizar la función policial librándola de las influencias del poder político, institucionalizar el control ciudadano sobre la Policía y establecer los mecanismos por los cuales las representaciones sean legítimas, independizar de la Policía Nacional los servicios de selección de candidatos para ingresar a la misma, tanto en la escala básica como de oficiales, y poner dicha selección bajo la responsabilidad de una institución de reclutamiento que garantice que las personas que ingresan.
