TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los años de bonanza de la Tasa de Seguridad se terminaron. De aquel derroche de recurso humano y de compra de carros blindados para la protección de los magistrados y otros funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solo quedó una deuda de más de 96.8 millones lempiras que ahora deber cubrir con su propio presupuesto.
Como operador de justicia, desde 2013 el Poder Judicial venía siendo beneficiado con los recursos de la Tasa de Seguridad. Los fondos que le entregaron no solo fueron para la compra de carros blindados para los magistrados y otros funcionarios judiciales, sino que también se dio dinero para mejorar los edificios de tribunales de justicia a nivel nacional, para incentivos navideños y plus salariales de ciertos magistrados y jueces.
Luego de la llegada de Juan Orlando Hernández como presidente en enero de 2014, se creó el proyecto denominado Reforzamiento de la Seguridad para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Otros Funcionarios, que se cubría con los recursos de la Tasa de Seguridad asignados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
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Pero a partir de enero de 2022, una vez que asumió la presidencia Xiomara Castro, el CNDS quedó en el limbo y el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad desapareció, pero no así los cobros que todavía se le siguen realizando a la ciudadanía, recursos que ahora están bajo la administración de la Secretaría de Finanzas.
Según el acuerdo N PCSJ-19-2022 de fecha 9 de mayo de 2022 y firmado por el presidente Rolando Edgardo Argueta Pérez, el Poder Judicial tuvo que recurrir a sus propios recursos para hacerle frente a una deuda de 96,871,188 lempiras correspondientes a los gastos ejecutados en 2021.
“Desde el año 2014, este proyecto ha sido financiado con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, a través de diferentes resoluciones que ha aprobado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; sin embargo, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional no ha efectuado los desembolsos correspondientes, adeudando, de conformidad con los gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2021 un monto de 96,871188.15 lempiras”, dice el acuerdo.
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En adición a lo adeudado, actualmente no se dispone de una resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que apruebe la continuidad de financiamiento para el proyecto del reforzamiento de la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios para el ejercicio fiscal 2022.
Después de realizados los análisis correspondientes se “autoriza imputar los gastos que han venido siendo cargados al código presupuestario del fondo de la Tasa de Seguridad al fondo de Administración Superior de Justicia, provenientes de los recursos del Tesoro Nacional”, establece el acuerdo.
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Beneficios
Desde el inicio de las recaudaciones de los recursos de la Tasa de Seguridad, la Corte Suprema de Justicia fue beneficiada con los fondos. El 31 de enero de ese año se aprobó la resolución 05-2013 donde se ordena trasladarle al Poder Judicial 174,443,107.85 lempiras para la compra de carros blindados y chalecos antibalas para jueces y su seguridad. Esta resolución fue modificada mediante la resolución 062-2013 de fecha 7 de octubre de 2013 y manda que sea el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad quien compre 24 carros blindados para el uso de los magistrados y jueces. Lo que sobró de este dinero fue redestinado, según la resolución 039-2015.
Luego, a través de la resolución 046-2014 de fecha 2 de junio de 2014, se ordena al Comité Técnico de la Tasa de Seguridad trasladarle la cantidad de 41,635,440 lempiras para que lo ejecute en la protección de los magistrados y sus familias, ante eventuales acciones de los delincuentes. Estos recursos solo eran para el periodo del mayo de 2014 a diciembre de ese mismo año.
Asimismo, el 20 de octubre de 2014 el CNDS aprueba a través de la resolución 105-2014 a la Tasa transferir otros 360,000 dólares al Poder Judicial. Un mes después, mediante resolución 127-2014, el CNDS aprobó 50 millones de lempiras para incentivos navideños de los operadores de justicia y a la CSJ le asignaron 3,580,000 lempiras.
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En 2015, mediante resolución 012-2015 de fecha 2 de febrero, el CNDS ordenó a la Tasa de Seguridad erogar a favor del Poder Judicial 4,620,000 lempiras para plus salariales de 18 jueces con jurisdicción nacional y cuatro magistrados de cortes de apelaciones en materia penal, consistente en 15 mil lempiras para cada uno, incluyendo décimo tercero y décimo cuarto salario. De igual forma, el CNDS emitió la resolución 41-2015, donde instruyó nuevamente a la Tasa de Seguridad entregar a la CSJ otros 4,183,333.33 lempiras para retroactivo de plus salariales para los magistrados y jueces de las Cortes de Apelaciones.
Igualmente, el 8 de enero de 2016, a través de la resolución 001-2016, se asignan a la CSJ otros 25,000,000 de lempiras para que refuerce la seguridad de los magistrados durante 2016.
El 24 de enero de 2016, a través de la Resolución 06-2016, se ordena a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) asignar autos blindados a los nuevos magistrados de la CSJ que sean nombrados el 25 de enero de ese año y mantener los vehículos asignados a los magistrados salientes. Los beneficios continuaron hasta 2021.
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