Tegucigalpa, Honduras.- La resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobadas en 2013, no busca perseguir a los diputados del Congreso Nacional que las respaldaron, aseguró el magistrado Mario Díaz.
“La sentencia no tiene el propósito de perseguir absolutamente a nadie que haya provocado la creación de las ZEDE; solo se busca devolver la autonomía al Estado”, afirmó.
El magistrado insistió en que el objetivo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es restablecer el orden previo a la reforma constitucional que introdujo las ZEDE en el país.
Al ser consultado sobre si el fallo de inconstitucionalidad podría ser utilizado como un arma política en contra de la oposición, el togado enfatizó que esa situación saldría de las manos de la Corte Suprema.
“Eso ya escaparía de la responsabilidad de la resolución, porque solo se busca resolver el entuerto jurídico y el problema de inconstitucionalidad de la norma. Nos responsabilizamos de la sentencia y de las motivaciones y explicaciones que daremos en ella, pero otro tipo de situaciones se escapan de nuestro control y responsabilidad”, enfatizó el magistrado Mario Díaz.
Reacciones
La declaración de la inconstitucionalidad de las ZEDE ha abierto un debate que mantiene en opiniones encontradas a la clase política, quienes por un lado piden que diputados que impulsaron este régimen deben ser juzgados, mientras de otro lado opinan que el fallo ahuyentará la inversión.
“Sigo manteniendo que todo este tema de las ZEDE en la Corte Suprema es un distractor, una cortina de humo para que no hablemos de la extradición, de los videos de la mitad”, señaló el exdiputado y aspirante a alcalde, Juan Diego Zelaya.
“Lo que hizo la Corte fue darle una estocada a la atracción de la inversión, ¿quién va a querer venir a invertir a un país que no da garantías?”.
Ramón Barrios, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), es del criterio que “hay una responsabilidad por un lado de orden civil y administrativo de los congresistas que aprobaron esa violación constitucional de la cual no estaban autorizados en ese momento, y que efectivamente trae consecuencias jurídicas”.
Barrios explicó que las posibles sanciones en contra de los diputados que aprobaron las ZEDE son administrativas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la acción de repetición, es decir “cobrarles los daños y perjuicios que puedan venir al Estado”. Asimismo, la responsabilidad penal que le corresponderá al fiscal general del Estado.
A criterio del abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, la declaración de inconstitucionalidad desde su origen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico generará caos e inseguridad jurídica.
“Esto crea un gran problema porque si lo hace desde el origen, todas las actuaciones jurídicas son inconstitucionales y crea un caos porque es volver retroactiva la norma”, declaró el jurista.
No obstante, Barrientos apuntó como raro e inusual que un fallo judicial de inconstitucionalidad sea desde su origen, cuando lo habitual es que sea hacia adelante y no desde atrás. Además, avizoró una lluvia de demandas internacionales.
“A mí me parece que hay una aceleración, una imprudencia, hay un proyecto político en este asunto de querer hacer las cosas a la carrera porque se está terminando el período presidencial y ellos necesitan antes de que termine septiembre como en otros proyectos que están acelerados”, aseveró el analista Olban Valladares.
Agregó que “estas cosas son muy delicadas y hay que medir las repercusiones, entonces el asunto está en la retroactividad, desde dónde va a ser, desde el origen como dice la Corte o a partir de ahora”.
Tres son las ZEDE que operan en Honduras: Próspera en Roatán, Islas de la Bahía, constituyéndose en 2017; Ciudad Morazán en Choloma, Cortés, constituida en 2018; y Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca, que se constituyó en junio de 2021.
