Honduras

Roce entre embajadora de EE UU y el canciller Enrique Reina por ley de energía en Honduras

La iniciativa de ley enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional generó opiniones encontradas entre el canciller y la embajadora Laura Fansworth Dogu
03.05.2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las diferencias entre la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Fansworth Dogu, y el canciller Eduardo Enrique Reina por la reforma energética que impulsó el gobierno de Xiomara Castro quedaron expuestas este martes en las redes sociales.

A través de un tuit Dogu expresó que “la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”.

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Su postura generó la reacción del canciller Reina, quien a través de la misma red social respondió el tuit y le dijo que lo que había dicho era “desacertado”.

“Señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos”, opinó Reina.

Al debate también su sumó el congresista Fabricio Sandoval, quien opinó en redes sociales que “después de aprobar la ley, vamos a analizar su análisis”.

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Ley de Energía

Una serie de medidas y reformas estructurales contempla una nueva ley que busca rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reformar el sector eléctrico de Honduras.

La iniciativa de ley enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional ha generado muchas expectativas en la comunidad nacional e internacional, así como opiniones encontradas.

Países como Estados Unidos y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han brindado asistencia técnica al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para la preparación de la ley.

El nuevo marco legal es la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social.