Tegucigalpa, Honduras
La ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo busca ampararse en una resolución judicial emitida por una jueza natural que archivó el expediente de cinco exdiputados implicados en una presunta malversación de caudales públicos, para recuperar su libertad.
El lunes, la defensa de Bonilla interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que se alega que ella debe primero ser investigada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y no por el Ministerio Público (MP).
La defensa se refiere a la resolución emitida por la jueza Alma Consuelo Guzmán que archivó el expediente en el que estaban siendo requeridos los exdiputados Audelia Rodríguez, Eleázar Juárez, Dennis Sánchez, Héctor Padilla y Augusto Cruz Asensio en la denominada Red de Diputados.
La jueza, en su resolución, abrió la brecha para que el TSC ejecute las investigaciones y sea este quien determine si procede una persecución penal.
“En este momento debe hacerse lo que hizo la jueza natural en el caso de los cinco diputados, que es archivar judicialmente las diligencias en espera que el Tribunal Superior de Cuentas, como lo está haciendo en este momento, requiera a doña Rosa para que explique adónde fueron destinados estos fondos que le fueron confiados”, manifestó Julio Ramírez, abogado de Bonilla.
Según el profesional del derecho, “en el caso de la señora Rosa Elena Bonilla no se debía de seguir investigando por falta de acción el Ministerio Público”.
Según Ramírez, a doña Rosa Elena Bonilla se le persigue por los supuestos delitos derivados de una administración de fondos, el sábado la jueza en la resolución de medidas dejó también validado este extremo.
“Siempre alegamos de que no se debería investigar sino que proceder primero a la determinación de la liquidación de los fondos y deducir si existe la acción que dice el Ministerio Público en su requerimiento fiscal”, dijo.
La Sala Constitucional tiene 60 días hábiles para poder emitir un fallo al respecto. La Fiscalía de Defensa a la Constitución deberá emitir una opinión por este caso.
