Honduras

Sala Constitucional declara sin lugar dos recursos contra el pacto de impunidad

La amnistía política favorece a exfuncionarios del gobierno implicados en actos de corrupción
27.06.2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Amnistía Política o pacto de impunidad.

Los recursos de inconstitucionalidad fueron rechazados, según explicó el magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla, “porque fueron presentados con errores de procedimiento”.

La sentencia indica: Declarando sin lugar la garantía de inconstitucionalidad interpuesta de oficio por razón de forma y contenido por la jueza Karla Romero y por los jueces de la sala IV del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, Jeannete Padget, Enilda Geraldina Mejía y Rosaminda Velásquez.

¿Cómo quedaron distribuidas las Salas de la Corte Suprema de Justicia?

El magistrado Padilla, sin precisar la cantidad, informó que “el resto de los recursos estamos haciendo el estudio correspondiente para en su momento emitir una resolución que en derecho corresponde”.

La aprobación del pacto de impunidad por el Congreso Nacional en enero de 2022 despertó una serie de controversias porque otorgaba cartas de libertad a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya implicados en actos de corrupción como el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri; el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla y otros.

La magistrada de la Sala Constitucional, Sonia Marlina Dubón se abstuvo de pronunciarse sobre este recurso por conflicto de intereses porque su esposo es Enrique Flores Lanza, uno de los favorecidos.

Desde la sociedad civil, Rafael Jerez alertó que el pacto de impunidad es “uno de los decretos que puede frenar el trabajo de la CICIH eventualmente”. De su lado, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía declaró: ”No es extraño, es la Corte de Libre”.Aunque la determinación fue adoptada por magistrados nacionalistas, liberales y de Libre.

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