Tegucigalpa, Honduras
Sin recibir su último salario quedarán los cinco diputados del Congreso Nacional (CN) que fueron suspendidos de sus cargos como parte de una de las medidas dictadas por una autoridad judicial, al verse en vueltos en el “subsidiazo”.
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público (MP) les supone responsables del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de las arcas estatales.
El vicepresidente de la junta directiva del Poder Legislativo, Rolando Dubón Bueso, informó a EL HERALDO que “la suspensión va encaminada a que dejen de recibir salario u otros beneficios que puedan corresponder”.
“Después de esa resolución se emite el oficio respectivo por parte de la jueza natural a la Secretaría del Congreso a efecto de que se suspenda a ellos en las funciones como diputados propietarios que son”, agregó.
Los congresistas del partido Va Movimiento Solidario (Vamos): Augusto Cruz Asensio, Audelia Rodríguez, Héctor Enrique Padilla Hernández; Dennys Sánchez del Partido Liberal, y Eleazar Juárez de Libertad y Refundación (Libre) están vinculados en el escándalo del “subsidiazo”.
Los diputados no tendrán que ir a prisión para defenderse, de acuerdo a una de las resoluciones emitidas por la jueza natural Alma Consuelo Guzmán, el jueves anterior.
Dubón Bueso mencionó que a mediados de enero próximo se reanudarían las sesiones en la Cámara Legislativa, lo que implica que la suspensión de estos diputados será solo por cinco días y sus vacantes serán cubiertas por los respectivos suplentes.
En el caso de Augusto Cruz Asensio su suplente es Giselle Villanueva, de Audelia Rodríguez es Noel Ponce, de Héctor Padilla es José O’Hara Aguirre.
Mientras, que de Dennys Sánchez es Sandra Jamileth Martínez, y de Eleázar Juárez es el diputado Edwing Canales.
Un total de 55,000 lempiras es la remuneración mensual que gana un congresista propietario, mientras que solo en el caso de Cruz Asensio recibe una compensación de 67,500 lempiras al fungir como vicepresidente del CN, de acuerdo con datos oficiales.
Las mismas medidas fueron impuestas a los señores José Napoleón Panchamé Banegas, Jeremías Castro y Geovanny Castellanos Deras, directivos de la Organización No Gubernamental (ONG) Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH).
La Ufecic y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) acusan a los diputados de recibir más de 8.3 millones de lempiras de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional. Presuntamente, estos recursos estaban destinados para ser invertidos en proyectos sociales, sin embargo, la Fiscalía en su requerimiento fiscal aduce que el dinero terminó en los bolsillos de los parlamentarios y los personeros de la ONG.
Ayer, el Poder Judicial confirmó que la notificación de suspensión de los cinco diputados será enviada al Poder Legislativo el martes 2 de enero de 2018.
Defensa
Juan Carlos Sánchez, defensor de los cinco parlamentarios, señaló que la suspensión del cargo es una medida para transparentar el proceso judicial.
“Debemos entender que hasta cierto punto, ya que los elementos de pruebas que debería presentar el Ministerio Público supuestamente es documental y quiere para transparentar el proceso que estas personas no tengan acceso ni al Congreso Nacional ni a cualquier otra institución que esté relacionada con los hechos que están siendo investigados”, indicó Sánchez.
Estableció que tiene las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de los ocho imputados.
“Si el delito por el cual se les imputa es una malversación, estas personas sí liquidaron en su momento o tiene la documentación de respaldo pues será presentada para desvanecer las acusaciones”, dijo.
