TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como una ilegalidad y algo inaceptable catalogaron las organizaciones de sociedad civil que el Poder Ejecutivo faculte y utilice los votos a favor de los diputados suplentes para la aprobación de decretos donde se necesita mayoría calificada.
Ante la denuncia emitida por los diputados de oposición, EL HERALDO consultó con los integrantes de la sociedad civil sobre su postura ante la intención que se formula desde el Poder Legislativo.
Omar Rivera, secretario del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), expresó que “resultaría inaceptable e ilegal que una decisión legislativa que necesite 2/3 o 3/4 del número de votos de diputados se apruebe con menos que esto; además, determinaciones que no respeten la mayoría calificada que exige la Constitución hace que estos actos sean inválidos y nulos”.
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Rivera instó a los diputados del Congreso Nacional a respetar y hacer valer la Constitución de la República. Por su parte el director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, manifestó que “uno de los errores más grandes que ha tenido Honduras es el irrespeto al Estado de derecho, por lo tanto es inaceptable que se irrespete cualquier normativa que requiera 86 votos y que se pretenda hacerlo con menos, los suplentes no pueden incorporarse a menos que el propietario no esté, cualquier acción es condenable desde ya, lo que era malo antes lo sigue siendo ahora”. Agregó que “el país está sufriendo precisamente por el irrespeto al Estado de derecho, el deterioro de las normas y las leyes”.
El abogado constitucionalista, Oliver Erazo, declaró que “es una falta de respeto para el pueblo hondureño que la elección de la Junta Nominadora esté siendo manejada con incertidumbre”.
Afirmó que “aquí les parece que con sus discursos barnizados quieren embobar a todo mundo, violentando la Constitución, por ejemplo la legalidad de la Junta Directiva”.
VEA: Fuerte rechazo a la intención de Luis Redondo de desbaratar a la Junta Nominadora
La propuesta del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo no encontró eco ni en diputados afines a él. Tal es el caso de el diputado de Libertad y Refundación, Ramón Barrios, quien advirtió que la intención de Redondo “es peligrosa porque no puede sustituir a la Junta Nominadora que tiene rango constitucional, y si usted me dice que quienes van a elegir los 45 (candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ), es esta junta de notables, cuál sería la razón de ser de la Junta Nominadora”.
Mientras que el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) emitió una declaración más tibia asegurando que van a estudiar la propuesta de Redondo y será a nivel de asamblea que analizarán si contraviene o no la Constitución.
La carta magna en su artículo 311 establece que la Junta Nominadora estará integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un Representante del Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Asimismo, un representante de los Claustros de Profesores de las Escuelas Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores.
