El retraso y la lentitud ha marcado el cumplimiento de las 84 recomendaciones que formuló la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al grado que solo 13 de estas se han ejecutado.
El informe de junio de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la CVR expone esa preocupante cifra que denota la morosidad y desinterés en la que los entes gubernamentales encargados de ponerlas en práctica han caído.
Esta unidad depende de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH).
Las reformas más urgentes que se requieren aplicar son las que tienen que ver con el ámbito constitucional, pero de las 13 recomendaciones llevadas a cabo solo tres están relacionadas a modificaciones de la Carta Magna.
Las modificaciones hechas son la del artículo 5 de la Constitución de la República que permite el plebiscito y referéndum, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (o Judicatura) y la derogación de la Ley de Estado de Sitio.
Existen otras 20 recomendaciones en el ámbito constitucional sobre las que hay pocos avances, como por ejemplo la creación de un Tribunal de Justicia Constitucional como instancia para dirimir conflictos entre los poderes del Estado.
Esta semana se realizará un debate de una propuesta de ley que elabora el diputado Oswaldo Ramos Soto acerca de la creación de esta instancia de juzgamiento.
Otro aspecto de vital importancia que propuso la CVR y que no se ha puesto en práctica es el de aprobar una regulación para enjuiciamiento a los gobernantes y así evitar una crisis social como la que se generó en 2009 con el derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya.
“Es necesario que la Constitución política establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos”, dice el punto dos de las recomendaciones.
Sin embargo, varios analistas políticos no ven con buenos ojos la creación de esta figura por considerar que podría ser mal utilizada.
Apresurar acciones
El coordinador de la Unidad de Seguimiento, Rolando Sierre coincide en que deben de apresurarse las acciones para blindar la Constitución de interpretaciones y aplicaciones que conlleven a un nuevo conflicto social.
“Hay menos avances en el ámbito constitucional y son fundamentales, de urgencias y son las recomendaciones
principales para que el Estado cuente con las herramientas para poder solventar una crisis como la de 2009”, expresó.
La premura para que estas reformas se hagan en este momento es porque una vez aprobadas por el Congreso Nacional este poder tiene que ratificarlas en una siguiente legislatura, por lo que si no se hacen este año se corre el riesgo que la decisión quede en manos del siguiente gobierno.
Otros incumplimientos en materia de la reforma a Ley Fundamentales son los relacionados al procedimiento de interpelación de los funcionarios, la eliminación de cualquier función política de las Fuerzas Armadas y prorrogar el Presupuesto de Egresos e Ingresos de un año cuando el Poder Ejecutivo se atrase en mandar el anteproyecto de esa norma.
Informe
La CVR presentó en junio de 2011 su informe “Para que los hechos no se repitan”, una visión sobre los acontecimientos antes, durante y después de la crisis política de 2009 que orilló la salida de Manuel Zelaya del poder de la nación.
El exmandatario fue despojado de su autoridad por querer llevar a cabo un proceso de consulta popular para modificar la Constitución de la República pese a que tenía impedimentos legales para ello.
La CVR calificó ese acto como “golpe de Estado al Ejecutivo” y presentó 84 recomendaciones y 4 sugerencias orientadas a mejorar el marco jurídico nacional en materia constitucional, derechos humanos, seguridad y lucha contra la corrupción y otros cuatro tópicos más.
Pero ha pasado un año desde que se publicó el informe y las propuestas de la CVR no se han aplicado como se suponía que se iban a desarrollar.
Entre las pocas cosas que se han hecho también está la de crear un decreto de amnistía para los involucrados en la crisis, como lo es exonerar de culpa a los violadores de derechos humanos y la creación de una política nacional anticorrupción.
De igual manera, se creó la Comisión de Reforma a la Seguridad Publica (CRSP) con la que se revisará la discrecionalidad de la Ley de la Policía Nacional, entre otras acciones y se suprimió la Unidad de Asuntos Internos para dar paso a la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DEICP).
También se le dio cumplimiento a la recomendación de someter a investigación el desempeño del fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, a petición de la CRSP. Salgado fue separado del puesto la semana pasada para que las pesquisas de su gestión sean transparentes.
No obstante, el Ministerio Público tiene pendiente ejecutar dos recomendaciones más: establecer términos razonables de investigación para evitar duraciones indefinidas de las mismas y elaborar políticas claras sobre la decisión de citar investigados a declarar.
El titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, también debe de ser sometido a investigación de sus actuaciones durante la crisis de 2009.
En suma, de las 13 recomendaciones cumplidas, cinco corresponden al ámbito de seguridad, tres sobre lucha contra la corrupción, tres sobre reformas constitucionales y dos sobre derechos humanos. Esto implica que están sin ejecutarse 71 recomendaciones.
