Tegucigalpa, Honduras
Luego de cuatro años de constantes reclamos de los empresarios por el 1.5% del impuesto sobre la renta, se logró una reforma que beneficia, en el primer año, a 2,335 de las 2,551 empresas que están obligadas a pagarlo.
Es decir que para el período fiscal 2018 solo 216 organizaciones empresariales, equivalente al 18%, estarán obligadas a pagar impuestos bajo esa metodología por facturar más de 300 millones.
En 2019 el techo máximo será de 600 millones y a partir del año 2020 las empresas que facturen de 1,000 millones en adelante pagarán solo el 1%, ya que se reducirá en 0.5%.
Es así que solo 37 grandes empresas que operan en el país estarán obligadas a cancelar los impuestos sobre las ventas netas y no sobre las utilidades, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Lo anterior fue aprobado por el Congreso Nacional (CN) el pasado miércoles y una vez que se publique en el diario oficial La Gaceta cobrará vigencia.
El proyecto de ley, remitido al CN por el Poder Ejecutivo, obtuvo 81 votos a favor, 39 abstenciones y ocho en contra.
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La aprobación
El 1.5% del impuesto sobre la renta fue una medida aprobada en 2013 debido a los elevados índices de evasión fiscal de las empresas.
El cobro es aplicado sobre el total de las ventas y no sobre las utilidades, por lo que el sector privado lo ha considerado confiscatorio para las finanzas de las empresas.
Fue aprobado por el Congreso Nacional mediante decreto 278-2013 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia el 1 de enero de 2014.
Desde entonces, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) interpuso dos recursos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de inconstitucionalidad y otro de reposición.
Sin embargo, ambos recursos legales fueron desestimados por la Sala Constitucional.
El Cohep reporta que las empresas han pagado más de 9,000 millones de lempiras al Estado y han pedido su derogación.
Detallan que del 100% de las ganancias, las empresas entregan al fisco el 88%, lo que les impide invertir. En consecuencia, se han dejado de generar entre 5,000 y 7,000 empleos desde su aplicación a la fecha, de acuerdo con el Cohep.
Las empresas obligadas a pagar el 1.5% son, hasta la fecha, aquellas que facturan 10 millones de lempiras o más durante el año.
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La reforma
La reforma aprobada por el Legislativo establece una revisión gradual del 1.5%, de 2018 a 2020.
A partir de este año quedarán exentas del pago las empresas que registren ventas iguales o menores a 300 millones de lempiras y se mantiene para las que superan ese monto.
En 2019, las que registren ingresos entre 300 a 600 millones pagarán 0.75% y para las que vendan más de 600 millones en adelante estarán obligadas a cancelar 1%.
Mientras que de 2020 en adelante, únicamente las empresas que tengan ingresos superiores a los 1,000 millones de lempiras estarán sujetas a una tasa de 1%.
Los sectores productivos recibirán una tasa preferencial durante la aplicación gradual. Estos son: producción y distribución de cemento, medicamentos y productos farmacéuticos, industria de panadería y el sector de servicios públicos prestados por empresas estatales.
Para estos rubros se aplicó una tasa de 0.75% en 2018 para ingresos arriba de 300 millones. En 2019 bajará a 0.5% para las empresas obligadas e igual porcentaje se aplicará en 2020.
También fue incluido el sector cafetalero.
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Sacrificio fiscal
Al aprobar la reforma, el gobierno dejará de percibir recursos.
De acuerdo con el SAR, en 2018 representará unos 600 millones de lempiras; en 2019 alrededor de 900 millones y el tercer año más de 1,000 millones de lempiras. En total, la revisión gradual significa un sacrificio fiscal de 2,500 millones de lempiras para las arcas del Estado.
Esta cantidad es la que podrán reinvertir las empresas para generar oportunidades de empleo.
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, estimó que la reforma al controvertido 1.5% propiciará la generación de al menos 65,000 nuevos puestos de trabajo.
Algunos analistas consultados dudan de la efectividad de la medida en el tema de generar empleos y, por otra parte, consideran que puede haber un retroceso en el combate a la evasión de impuestos.
En ese sentido, el economista Hugo Noé Pino considera que esta medida antievasión debería sustituirse por otra para garantizar el ingreso de tributos al fisco.
Otras reformas
A inicios de esta semana, el mandatario y representantes de la empresa privada acordaron otra serie de reformas para atraer inversión y generar empleo.
Entre estas figura la creación de un Consejo Nacional de Logística, un mercado de capitales o fondos de inversión, para lo que es necesaria una ley especial.
También se acordó facilitar los trámites burocráticos que faciliten la operación de las empresas a nivel nacional.
Asimismo, anunciaron que a partir de abril se aplicará la declaración anticipada en las aduanas del país.
Por otra parte, anunciaron cambios en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para la capacitación de personal de las empresas.
Las reformas representan una esperanza para cerca de 300 mil hondureños que carecen de un empleo, según la Secretaría de Trabajo.