El manejo de recursos públicos para el pago de subsidios a los buses urbanos fue declarado como secreto por la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi), una acción que es ilegal.
De esta forma, ya no se puede saber cuánto se gasta en materia de subvención a favor de los dueños de esas unidades, lo que representa un golpe a la transparencia.
EL HERALDO
solicitó a la Dirección General de Transporte de Soptravi copia del listado de los buses urbanos por los que se eroga subsidio, el valor total que se les cancela y otra nómina de 395 unidades que
están fuera de este beneficio.
Soptravi, por medio de su oficina de Transparencia, responde que la información no se puede proporcionar porque existe un acuerdo ministerial que veta la divulgación de esos datos.
El acuerdo 0411 de fecha 6 de marzo de 2012 es el que contiene la prohibición de hacer pública la información sobre esos subsidios.
Según el director de Transporte, Blas Ramos, quien firmó ese acuerdo de confidencialidad fue el exministro de Soptravi Miguel Pastor.
Al ser consultado sobre las motivaciones para mantener en reserva esos documentos, Ramos dijo que no recordaba con precisión, pero que tenía entendido que lo que se buscaba era “proteger la seguridad de los dueños de los buses”.
“Se analizó que había riesgo para los transportistas que se supiera el valor que se les da por subsidio”, dijo el funcionario, quien también es empresario del rubro.
Ante este negativa de dar la información solicitada se interpuso un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Ilegal
El procedimiento que hizo Soptravi para declarar secreta esta información fue irregular, ya que no se siguió el mecanismo que se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para ello.
Soptravi no solicitó la autorización del Instituto de Acceso a la Información Pública para resolver que esos datos no son de acceso público.
Este representa otro mal precedente de poca transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones del presente gobierno.
El Congreso Nacional aprobó para 2012 una partida de 292 millones de lempiras para pago de subsidios a los dueños de los 1,295 buses urbanos para que no incremente el precio del pasaje que actualmente se cotiza en cuatro lempiras.
Por cada uno de estos buses conocidos como “amarillos” y que tienen capacidad para 60 u 80 pasajeros se cancelan 10 mil lempiras en subsidio.
No obstante, existe un malestar generalizado de los usuarios en vista de que a medida que fueron proliferando los buses pequeños o rapiditos (que tienen capacidad para 16 pasajeros) los “amarillos” salían de circulación.
Los buses rapiditos, unos 395, y cuya tarifa es de 11 lempiras, no tienen derecho a subsidio, pero surgió el rumor de que muchos operan con el registro de los “amarillos” y por ello reciben el bono del gobierno.
El director de Transporte negó enfáticamente que se haga este pago ilegal, pero, en una actitud nada transparente, se ha negado a mostrar los documentos que prueben sus palabras.
Con prepotencia rechazó dar esos datos a reporteros de EL HERALDO
y aseguró que “yo voy a llegar al periódico a enseñarle el listado a su jefe, hablaré personalmente con él”.
Ramos todavía no ha entregado la documentación que justifica lo que se hace con esos fondos públicos.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció que investigaría las denuncias de presunto mal manejo de los subsidios.
Entre las diligencias del TSC se prevé que ordene pedir una copia del listado de buses urbanos y el desglose de gastos de subsidios que realiza Transporte.
