Tegucigalpa, Honduras
Los bienes incautados a extorsionadores de la Mara Salvatrucha (MS-13) serán subastados como medida de seguridad, según fuentes que participan en el megaoperativo Avalancha.
La diligencia que se hará primero será pedirle al Poder Judicial que los capitales embargados a los pandilleros sean objeto de venta anticipada, una figura estipulada en la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, de acuerdo con una fuente ligada al Ministerio Público (MP), que declaró bajo condición de anonimato.
“Existe temor de que los pandilleros tomen represalias, por lo que existe la idea de una subasta, esto es lo que inicialmente se ha pensado, pero las decisiones se están tomando con cautela”, explico el informante.
Agencias de seguridad e investigación del Estado ejecutan desde hace dos semanas la Operación Avalancha mediante la cual, hasta los momentos, se han asegurado 102 propiedades, entre casas y empresas, además de 137 cuentas bancarias y varios automóviles.
Estos bienes están valorados en unos 200 millones de dólares, según una tasación preliminar.
La fortuna congelada a los pandilleros es manejaba por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ente que es el que debe pedir el permiso al juez para que autorice la subasta.
Antes efectuarse la venta, la OABI tiene que hacer un avalúo de las propiedades.
Las autoridades investigan transferencias de dinero obtenido por extorsión a Estados Unidos, Colombia, México y Centroamérica, por lo cual se hacen diligencias para incautar los fondos o los bienes que se compraron con estos en esas naciones.
Procedimiento
El artículo 71, referente a la enajenación, subasta o venta anticipada de la norma de privación, permite que los bienes incautados sean vendidos cuando exista riesgo de que se deterioren o en caso de que su manejo represente un gasto oneroso para el Estado.
El dinero de la venta será manejado en una cuenta bancaria y, en caso de que en sentencia judicial se ordene la devolución de los bienes incautados, se entregarán a sus dueños los recursos obtenidos en la subasta, más los intereses que generen.
El Ministerio Público podrá interponer un proceso de privación de dominio contra los bienes incautados en un plazo no mayor de dos años luego del congelamiento, es decir que tendrá la posibilidad de judicializar el caso posterior a la subasta.
En este juicio la carga probatoria se revierte, es decir que le corresponde a la persona a quien le incautaron los bienes demostrar que los obtuvo de una fuente lícita.
Rastras
De acuerdo con la fuente, los primeros bienes que se contempla rematar son los pertenecientes a la empresa de transporte Delca en San Pedro Sula.
En tal sentido, se prevé vender los 117 vehículos pesados de esta compañía que pertenece a David Elías Campbell, supuesto líder de la MS-13 que se encuentra prófugo de la justicia.
En varios de estos vehículos de la empresa se encontraron caletas en las que se supone se transportaba droga o dinero producto de la venta de cocaína o del cobro del “impuesto de guerra”.
En la lista de bienes incautados también se encuentran una mansión en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, que pertenece al excomisario Álvaro García, y la Clínica y Hospital de Emergencias Ochoa, en San Pedro Sula, Cortés.
La misma medida precautoria se tomó para una zapatería y decenas de residencias.
La venta de esos bienes supondría un reto para las autoridades porque existe el riesgo de que pocos o nadie se muestren interesados en adquirirlos por miedo a que los pandilleros los agredan.
Ofensiva
La Operación Avalancha es realizada, entre otros, por la Policía Nacional, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y las Fuerzas Armadas.
Se trata de la primera acción dirigida a desarticular la estructura financiera de la célula de la Mara Salvatrucha que se dedica a cobrar extorsión a personas naturales y jurídicas a nivel nacional.
De igual manera, este operativo va dirigido a actuar legalmente contra los cerebros de los cobros extorsivos y los cabecillas de las maras.
Por ese motivo es que mediante la Operación Avalancha se capturó a 12 personas sindicadas de ser jefes de la MS-13 que coordinan las acciones de extorsión y a sus principales socios.
Es así que entre los detenidos se encuentra el excomisario García y el alcalde de Talanga, Neftaly Romero, a quienes se les acusó por asociación ilícita relacionada con cobros de extorsión de la Mara Salvatrucha.
A Romero, García y a otros 10 procesados se les dictó auto de formal procesamiento. Existen tres personas más con orden de captura que no han sido arrestadas.
La Operación Avalancha durará el resto del año, ya que se pretenden desarticular unas 20 bandas de extorsionadores mediante las capturas de sus líderes e incautándoles al menos 700 bienes que han obtenido con dinero del “impuesto de guerra”.
Entre las bandas a desbaratar se encuentran otras de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, así como grupos independientes fuertes que también se dedican a cometer este delito.
Un extraditable
Según la fuente, entre los cuatro jueces que son investigados porque presuntamente han participado en acciones ilícitas a favor de los mareros extorsionadores se encuentra un togado extraditable.
La fuente no especificó si la extradición contra el funcionario judicial se pediría por motivos de crimen organizado, tráfico de drogas o extorsión. La extradición sería pedida por Estados Unidos.
Por ese motivo es que se analiza si lo más conveniente es no proceder judicialmente contra este profesional de derecho para que no haya impedimento para cumplir el pedido de reclamo de Estados Unidos. Otros operadores de justicia, como policías y fiscales, también son investigados porque tendrían algún nexo con los pandilleros extorsionadores.
