TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algunos de los blindajes aprobados desde el
Congreso Nacional han sido promovidos por diputados suplentes del
Partido Nacional y no por los propietarios.
La inmunidad legislativa que restituyeron los congresistas fue por medio de un proyecto que presentó el legislador nacionalista Alexis Danilo Trejo, suplente de Elden Vásquez, quien fue imputado por el caso Pandora.
Esta prerrogativa derogada hace 16 años se traduce en que los parlamentarios no serán responsables ni penal, civil o administrativamente por la función legislativa que ejerzan, dándoles la libertad de cometer irregularidades sin que vayan a ser requeridos en un futuro.
El beneficio solo podrá reformarse o derogarse mediante una votación de dos tercios (86 votos) del total de los diputados del CN, conforme a una reconsideración que introdujo el congresista suplente del PN, Edwin Gómez, la cual fue admitida en la sesión del pasado 16 de octubre.
Mientras que el legislador suplente cachureco Roger Alcántara, cuya propietaria es Martha Concepción Figueroa, expuso una propuesta para interpretar tres artículos del Código Procesal Penal que pretenden condicionar al Ministerio Público (MP) para el comiso y secuestro de documentos u objetos relacionados en la investigación y persecución del delito.
Este es el segundo intento desde la bancada de la principal fuerza política del Congreso para evitar la continuidad de esta entidad internacional, después de que una comisión legislativa sugiriera al Poder Ejecutivo que no se ampliara el acuerdo suscrito con la Misión.
La inmunidad legislativa que restituyeron los congresistas fue por medio de un proyecto que presentó el legislador nacionalista Alexis Danilo Trejo, suplente de Elden Vásquez, quien fue imputado por el caso Pandora.
Esta prerrogativa derogada hace 16 años se traduce en que los parlamentarios no serán responsables ni penal, civil o administrativamente por la función legislativa que ejerzan, dándoles la libertad de cometer irregularidades sin que vayan a ser requeridos en un futuro.
El beneficio solo podrá reformarse o derogarse mediante una votación de dos tercios (86 votos) del total de los diputados del CN, conforme a una reconsideración que introdujo el congresista suplente del PN, Edwin Gómez, la cual fue admitida en la sesión del pasado 16 de octubre.
Mientras que el legislador suplente cachureco Roger Alcántara, cuya propietaria es Martha Concepción Figueroa, expuso una propuesta para interpretar tres artículos del Código Procesal Penal que pretenden condicionar al Ministerio Público (MP) para el comiso y secuestro de documentos u objetos relacionados en la investigación y persecución del delito.
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La iniciativa tan solo fue introducida ante el pleno de diputados y tendría que ser turnada a una comisión de dictamen.
De acuerdo con analistas consultados por EL HERALDO, estas acciones siguen allanando el camino para que la clase política a través del Legislativo se acorace, debilitando así el accionar de entidades como el MP.
Derogar decreto
En la última sesión del órgano unicameral de este año, Gómez, quien es el suplente del congresista José Villanueva, presentó un proyecto para que se derogue el decreto legislativo 23-2016 con el que se aprobó el convenio que le dio vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).Este es el segundo intento desde la bancada de la principal fuerza política del Congreso para evitar la continuidad de esta entidad internacional, después de que una comisión legislativa sugiriera al Poder Ejecutivo que no se ampliara el acuerdo suscrito con la Misión.
