Anteriormente, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), había señalado a los implicados por 84 delitos fraude y 84 de malversación, sin embargo, la fiscalía los vincula en 41 delitos más a cada uno de estos casos.
En consecuencia, las acusaciones por los delitos de malversación de caudales público y fraude pasa de 84 a 125, según explicó Lucía Villars, la portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Debido a la ampliación de los delitos, la defensa de Lobo y Cerrato solicitaron la suspensión del juicio, argumentando que debían tener más tiempo para analizar las pruebas que sumó este martes la fiscalía.
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En su audiencia de declaración de imputados, el juez natural, José Olivio Rodríguez, determinó darles arresto domiciliario por su avanzada edad, tal y como lo manda el artículo 183 del Código Procesal Penal que prohíbe a los jueces decretar prisión preventiva a los mayores de 70 años.
A la Corte llegó el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Osorio Canales, quien servirá de testigo en este caso.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados crearon un entramado para desviar fondos a sus cuentas bancarias, los cuales justificaban como gastos administrativos para la seguridad de la Casa Presidencial.
