TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Elementos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) llevan a cabo esta mañana el traslado hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al extraditable hondureño Francisco Roberto Cosenza.
El exdirector ejecutivo de la Tasa de Seguridad acude este día a la segunda audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba, en la cual se dará continuidad a su proceso de extradición.
El exfuncionario del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández es solicitado por la justicia de Estados Unidos por dos cargos de conspiración para cometer lavado de activos.
Vestido de traje y corbata, luciendo una mascarilla color negro y siendo fuertemente escoltado por agentes de la DNFE, Cosenza partió desde las instalaciones del Comando Cobras hacia la sede del Poder Judicial en Tegucigalpa.
El subinspector Javier Martínez, portavoz de la DNFE, detalló a EL HERALDO que en el operativo participan más de 40 elementos del Comando Cobras y el traslado se lleva a cabo en dos unidades blindadas.
“Más de 40 funcionarios policiales de la unidad élite de la Policía Nacional de los Cobras participan en el operativo. A parte de Fuerzas Especiales, contamos con el apoyo de tránsito y equipos de inteligencia”, expresó el funcionario policial.
La audiencia contra Francisco Roberto Cosenza ante un juez natural de extradición está programada para las 9:00 AM de este jueves.
Investigaciones contra Cosenza
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Cosenza habría recibido sobornos para otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales a un empresario estadounidense.
Los otros acusados en la trama son Carl Alan Zaglin, de 68 años y propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, de 50 años y residente de Boca Ratón, Florida.
“Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional por valor de más de $10 millones (casi 250 millones de lempiras al cambio actual)”, precisó la Fiscalía.
A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios hondureños supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a “obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos”.
Para ocultar los pagos de las coimas, Zaglin, Marchena y Cosenza, con la complicidad de otras personas, lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
Según la acusación, los conspiradores enviaron más de $ 166,000 (L 4.1 millones) a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño para promover el plan.
Francisco Roberto Cosenza es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y participación de transacción de bienes derivados de actividades criminales, mientras ejercía su cargo en la administración pública.
