El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga a 12 jueces por el delito de enriquecimiento ilícito.
Las auditorías se iniciaron a raíz de denuncias presentadas ante el ente contralor.
“Los que se investigan son jueces que fueron denunciados ante el Tribunal por presunción de enriquecimiento ilícito”, informó la magistrada del TSC, Daysi de Anchecta.
Aseguró que las investigaciones se encuentran avanzadas.
Entre las diligencias evacuadas está la solicitud de información al sistema financiero nacional del estado de las cuentas bancarias de los denunciados, asimismo, los bienes inmuebles registrados en el Instituto de la Propiedad y en la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre las declaraciones de renta.
También se revisan las declaraciones juradas de bienes activos y pasivos.
La investigación incluye solicitar al investigado responder algunas preguntas, explicó.
De encontrarse indicios de enriquecimiento ilícito, el TSC notificará un informe preliminar a los señalados, quienes lo podrán impugnar.
En caso de no desvanecer los cargos, el ente contralor ratificará los informes y los remitirá a la Fiscalía contra la Corrupción para que incoe las acusaciones ante los tribunales.
La Fiscalía es la competente para judicializar delitos de orden público penal.
Recordó que en años anteriores el TSC remitió expedientes de jueces a esta Fiscalía.
Aclaró que las investigaciones que se realizan contra los 12 jueces no corresponden a solicitudes del Consejo de la Judicatura. Algunas de ellas corresponden a solicitudes de la Fiscalía contra la Corrupción.
No se revelan sus nombres porque la ley lo prohíbe cuando son investigados por enriquecimiento ilícito, justificó la magistrada. Sí se pueden dar a conocer cuando son llevados a los tribunales.
Suspensiones
En un hecho relacionado con el caso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, confirmó la separación de más jueces.
“Se determinó la ratificación de la suspensión de dos jueces, quienes desde la sesión anterior se había determinado”, informó.
Se le consultaron los nombres de los sancionados. “Entiendo que es un juez de Puerto Cortés de apellido Cubero y otro juez del Juzgado Civil de Tegucigalpa de apellido Rivas”, respondió el presidente del poder Judicial.
“Como su nombre lo indica, la suspensión es algo provisional, ellos tienen el derecho de defenderse, de concurrir a la audiencia de descargos, de presentar sus pruebas, y si logran desvanecer en su momento podrían ser reintegrados, de lo contrario se confirmaría su suspensión”, agregó.
Rivera Avilés explicó que entre las causales que motivaron separarlos del cargo está que emitieron resoluciones que no están completamente adecuadas al procedimiento.
Trascendió que los suspendidos serían el juez de lo Laboral de Puerto Cortés Ernesto Cubero y el juez Civil de la capital, Carlos Rivas.
En el poder Judicial se conoció que refieren a supuestas resoluciones irregulares en el embargo de 15 millones de lempiras a la Empresa Nacional Portuaria y más de 150 millones de lempiras a varias secretarías de Estado, entre ellas Salud y Educación.
Las resoluciones las habrían emitido sin previamente notificarlas a la Procuraduría General de la República, en su calidad de representante legal del Estado.
