TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nombramiento de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), ubicada en Catacamas, Olancho, cada día entra en una fase crítica, a tal extremo que -según las últimas acciones- el proceso de selección terminará en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La JDU es el órgano administrativo principal de la Unag encargado de la planificación, organización, control administrativo y seguimiento de la labor sustantiva de la Universidad y tiene al menos 18 atribuciones, entre ellas la de seleccionar por concurso público de méritos al rector, vicerrectores, secretario general, decanos y directores de centros regionales o especializados, así como su remoción.
Esta entidad es la joya de la Unag que políticos y docentes quieren tener en sus manos. Entre 2007 y 2016 una estructura de docentes mantuvo su control y, como resultado de ello, la Universidad cayó en la anarquía administrativa y académica. Mientras las autoridades universitarias hacían negocios turbios, los estudiantes eran alojados en condiciones deprimentes.
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La rebelión estudiantil se presentó a finales de 2016, luego de que Marlon Escoto, apoyado por su grupo de docentes y autoridades que venían dirigiendo esta casa de estudios desde 2007, se reeligiera como rector por tercera vez, violentado el Estatuto de la Universidad.
Al ver que perdían el control de la institución, empleados vinculados a las entonces autoridades universitarias les tiraban los carros y tractores a los estudiantes. Mientras eso pasaba en un lado, en otro, según videos, ciertas autoridades vinculadas con la Rectoría se metían por la fuerza al campus enfrentando a sus alumnos y asaltando la Secretaría para desaparecer documentación.
Frente a ese caos en 2017 el Congreso Nacional nombró una Comisión Interventora, pero al final instaló interinamente una JDU, la que continuó cogobernando la universidad con parte de los mismos anarquistas, volviéndose parte del actual desorden institucional, a tal extremo, de acuerdo con documentos en poder de EL HERALDO, que la actual Rectoría terminó contratando a parientes de ciertos miembros de esta Junta de Dirección Universitaria.
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Este año el Legislativo nombró una Comisión de Concurso y Acompañamiento, pero la integró con tres personas que tienen demandada a la Universidad y otro que ha hecho negocios con ella.La comisión está presidida por Odir Fernández, representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entidad responsable de la educación superior.
Entre los tres demandantes y miembros de la comisión está Óscar Ovidio Redondo, considerado en la Universidad como uno de los generadores del caos, ya que desde 2007 hasta 2016 fue miembro del Consejo de Dirección Universitaria (CDU), secretario general y rector. Cuando estuvo en este cargo (2013 y 2016) firmó un convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que ahora deberá responder por la pérdida del ganado y la invasión de la finca Las Piedras que se le entregó a la Unag en comodato.
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Impugnación y retiro
Esta comisión en septiembre llamó a concurso público para la elección de los cinco miembros de la JDU, de los cuales tres deben salir de los candidatos internos de la Universidad y dos del sector externo. Como los candidatos que se presentaron por el sector externo no reunían los requisitos, la convocatoria se declaró fracasada, no así el concurso interno al que se presentaron ocho candidatos, seis de ellos demandantes contra la Universidad, motivo por el cual son inhabilitados por los artículos 244 y 284 del Estatuto de la Unag, los que no hacen diferencia del tipo de demanda interpuesta.
Los candidatos Francisco Javier Medina Cabrera, Gerardo Jaír Lagos Hernández, José Andrés Paz Díaz y José Luis Castillo Lanza son parte de 94 docentes que presentaron una demanda ejecutiva contra la Unag por la cual ésta pagó 164.2 millones de lempiras, por lo que hoy enfrenta una demanda ordinaria de la Procuraduría General de la República. Por otro lado, la postulante Alexia Paola Velásquez y el candidato Mauricio Alberto Moreno Escobar también tienen, individualmente, una demanda ordinaria contra la Universidad reclamando los beneficios de un arancel.
Extrañamente, la Comisión de Concurso determinó dejar participar solo a los de la demanda ejecutiva e inhabilitó a los de las demandas ordinarias, o sea, a Velásquez y a Moreno. Por otro lado, también dejó participar al aspirante Gerardo Rafael Moya Izaguirre, quien es asesor de la Comisión de Concurso y Acompañamiento y habría participado en la elaboración de las bases del concurso, por lo que los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, legalmente, lo dejan fuera.
Ante un concurso que no genera confianza, el 13 de octubre, Velásquez interpuso ante la Comisión un recurso de reposición. En caso de que éste sea declarado inadmisible o sin lugar, pasaría a la Sala de lo Constitucional de la CSJ a través de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
Para rematar, ese mismo día, Francisco Javier Medina Cabrera retiró su candidatura.
Ahora, la Comisión de Concurso se apresta a seleccionar a los tres integrantes de la JDU del grupo de cinco participantes que quedan, entre ellos José Luis Castillo, uno de los hombres leales a Escoto y a Redondo. Según el acta CDU-024-2013 Castillo votó para que Redondo fuera rector y Escoto vicerrector para el periodo 2013-2016. Incluso, de acuerdo con el acta CDU 031-2016, Castillo apoyó la reelección ilegal de Escoto como rector para el periodo 2016-2020.
Asimismo, según acta número 320 del Consejo de Educación Superior (CES) del 23 de noviembre de 2017, Castillo impugnó la aprobación del Estatuto de la Unag, como su petición fue denegada llevó el caso a los tribunales donde también sufrió otro revés. De la nueva JDU que se elegirá en las próximas horas dependerá el futuro de la Universidad, cuyo destino se ve incierto.
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