TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El lavado de dinero es un delito que en los últimos años ha ido en ascenso y ha salpicado las altas esferas del poder en Honduras.
De acuerdo con cifras oficiales, son más de un centenar de casos de lavado de activos que se encuentran en la impunidad debido a que no han sido judicializados ante los tribunales.
Entre los principales sospechosos se encuentran socios de los carteles de Los Cachiros y los Valle Valle, quienes operaban a vista y paciencia de las autoridades.
Para combatir el lavado de activos y otras figuras delictivas, la Secretaría de Seguridad puso en operatividad recientemente una nueva agencia que se dedicará expresamente a investigar y prevenir los delitos de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la privación de bienes de origen ilícito.
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Se trata de la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF), cuyo origen se deriva del acuerdo número 0611-2020 de la Secretaría de Seguridad.
Según el acuerdo, su finalidad será “velar por el fiel cumplimiento a las disposiciones establecidas en el marco legal establecido para la prevención, control y lucha contra el lavado de activos en sus diferentes manifestaciones”.
La OPIF estará a cargo de un alto jerarca policial de la escala superior, “debidamente certificado, el cual será de libre nombramiento y remoción del secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y dependerá de este y ostentará el cargo de director”.
Funciones
La nueva Oficina Policial de Investigaciones Financieras tendrá que, entre sus funciones, asesorar al ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en lo relacionado con la prevención del delito de lavado de activos, privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito y financiamiento del terrorismo.
Asimismo, recopilar la documentación requerida para el seguimiento y cumplimiento de sus funciones y llevar un registro y archivo de los mismos.
Además, darle cumplimiento a los procesos de investigación y requerimientos emanados de autoridad competente en lo relacionado con la prevención y lucha del lavado de activos, privación de dominio de bienes de origen ilícito, financiamiento del terrorismo, ciberdelito financiero, entre otros.
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La OPIF tendrá la obligación de presentar informes de emergencia mensuales, anuales o cuando sean requeridos con lo relacionado al lavado de activos.
Las autoridades de la nueva agencia policial servirán de enlace entre la Secretaría de Seguridad y la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ciplaft) con el Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (Gafilat).
Conjuntamente con estos organismos interinstitucionales, deberá trabajar de manera coordinada y conjunta en la aplicación de las estrategias, capacitaciones, intercambio de información para la prevención, investigación, sanción y reinserción en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos conexos.
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Integración
Según el acuerdo de creación, la OPIF estará integrada por un director, un subdirector y un asistente legal.
Además, el personal de investigación financiera y técnico que se requiera debidamente certificado.
El acuerdo establece que “para los efectos de la integración de la OPIF no se contratará personal nuevo, debiendo disponerse del recurso humano actual que la conforma, salvo requerimiento de personal especializado, que sea sometido a consideración del secretario de Seguridad”.
Con relación al presupuesto para operar, la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Seguridad, previa autorización del secretario de Seguridad, realizará las asignaciones presupuestarias requeridas para el funcionamiento de la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF).
