Washington, Estados Unidos
El anuncio del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, de enviar a la frontera a fiscales y a jueces de inmigración para que 'resuelvan los casos que puedan surgir' con los miembros de la caravana migrante, es una clara señal de una nueva ofensiva en contra de los inmigrantes.
Esto, en respuesta al asilo político que los centroamericanos dijeron que podrían pedir al llegar hasta la frontera con Estados Unidos.
Sessions expuso su estricta postura en materia migratoria en Nuevo México, donde les dijo a jefes de policía de localidades fronterizas que frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas es necesario para construir un sistema migratorio funcional.
Ciudades Santuario
El fiscal arremetió nuevamente contra las ciudades santuario al decir, a los jefes de policía, que es “i lógico e insensato” que una persona pueda ingresar ilegalmente al país un lunes y llegar el miércoles a San Francisco sin ser deportado.
Sessions indicó que se ha permitido que la crisis se agrave durante décadas, mientras los políticos prometían pero no actuaban para arreglar el sistema.
A pesar de eso, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago ratificó el fallo de un juez de la corte de menor instancia que emitió un interdicto temporal el año pasado. En el fallo se indica que el gobierno sobrepasó su autoridad al fijar nuevas condiciones para que las ciudades cumplan los requisitos para recibir las subvenciones.
El fallo es el golpe más reciente en una lucha entre las llamadas ciudades santuario que rechazan cooperar con los agentes federales de inmigración y un gobierno federal determinado a eliminar la inmigración ilegal.
En julio, el gobierno impuso la condición de que las ciudades que reciban fondos para la seguridad pública deben acceder a informarles a los agentes federales cuando la policía vaya a liberar a inmigrantes no autorizados tras un arresto. Chicago estuvo entre varias ciudades que interpusieron una demanda.
Caravana Migrante
La marcha que comenzó el pasado 25 de marzo en Tapachula, México con más de 1,500 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, ha quedado ya solo con unas 200 personas, de las cuales más de la mitad son hondureños.
A pesar de la ira de Trump contra la Caravana para justificar su política migratoria, los migrantes que llegan a la frontera tienen el derecho de solicitar el asilo, aseguraron las autoridades mexicanas.
El pasado 14 de abril, la Casa Blanca publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el memorando que piso fin a la política del “catch and release” (capturar y liberar), una práctica que dejaba libres a indocumentados que eran detenidos mientras se resuelven sus casos en suelo estadounidense.
El anuncio del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, de enviar a la frontera a fiscales y a jueces de inmigración para que 'resuelvan los casos que puedan surgir' con los miembros de la caravana migrante, es una clara señal de una nueva ofensiva en contra de los inmigrantes.
Esto, en respuesta al asilo político que los centroamericanos dijeron que podrían pedir al llegar hasta la frontera con Estados Unidos.
Sessions expuso su estricta postura en materia migratoria en Nuevo México, donde les dijo a jefes de policía de localidades fronterizas que frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas es necesario para construir un sistema migratorio funcional.
Ciudades Santuario
El fiscal arremetió nuevamente contra las ciudades santuario al decir, a los jefes de policía, que es “i lógico e insensato” que una persona pueda ingresar ilegalmente al país un lunes y llegar el miércoles a San Francisco sin ser deportado.
Sessions indicó que se ha permitido que la crisis se agrave durante décadas, mientras los políticos prometían pero no actuaban para arreglar el sistema.
A pesar de eso, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago ratificó el fallo de un juez de la corte de menor instancia que emitió un interdicto temporal el año pasado. En el fallo se indica que el gobierno sobrepasó su autoridad al fijar nuevas condiciones para que las ciudades cumplan los requisitos para recibir las subvenciones.
El fallo es el golpe más reciente en una lucha entre las llamadas ciudades santuario que rechazan cooperar con los agentes federales de inmigración y un gobierno federal determinado a eliminar la inmigración ilegal.
En julio, el gobierno impuso la condición de que las ciudades que reciban fondos para la seguridad pública deben acceder a informarles a los agentes federales cuando la policía vaya a liberar a inmigrantes no autorizados tras un arresto. Chicago estuvo entre varias ciudades que interpusieron una demanda.
Caravana Migrante
La marcha que comenzó el pasado 25 de marzo en Tapachula, México con más de 1,500 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, ha quedado ya solo con unas 200 personas, de las cuales más de la mitad son hondureños.
A pesar de la ira de Trump contra la Caravana para justificar su política migratoria, los migrantes que llegan a la frontera tienen el derecho de solicitar el asilo, aseguraron las autoridades mexicanas.
El pasado 14 de abril, la Casa Blanca publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el memorando que piso fin a la política del “catch and release” (capturar y liberar), una práctica que dejaba libres a indocumentados que eran detenidos mientras se resuelven sus casos en suelo estadounidense.
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