FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La ley migratoria SB1718, llamada también ley antiinmigrante, entró en vigor el sábado 1 de julio en medio de fuertes protestas por considerarla “discriminatoria”. Incluso, organizaciones de derechos civiles interpondrán una demanda federal contra el gobernador Ron DeSantis.
La normativa es considerada “la ley migratoria más dura” de esa nación, pues impone penas y castigos severos para las personas con un estatus irregular y para quienes son contratados o los transporten hacia el estado.
El sábado 1 de julio, justo cuando la ley entró en vigor, cientos de migrantes protestaron en Honestad, Miami, pues temen verse afectados. Otros simplemente decidieron huir del estado.
“Sin los ‘sin papeles’, como los trabajadores del campo y todos los otros que hacen los trabajos duros, la Florida se cae”, dijo a medios decomunicación Antonia Catalán, activista mexicana de la organización Soy Poderosa.
Ese mismo sábado, Southern Poverty Law Center (SPLC), la American Civil Liberties Union (ACLU), el grupo Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council dijeron que interpondrían una demanda federal contra el gobernador de Florida, ya que la ley “representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.
“No solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”, condenaron en un comunicado en conjunto.
La directora jurídica de litigios del American Immigration Council, Kate Melloy Goettel, explicó que “nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio”.
Agregó que nadie debe vivir con miedo o enfrentar discriminación basada en su estatus migratorio o el de sus familias, por eso lucharán hasta que Florida vuelva a ser un estado amigrable con los migrantes, como históricamente ha sido.
Políticas antiinmigrantes
La normativa establece una serie de políticas que ordenan a las empresas que tienen 25 o más trabajadores usar el programa E-Verify para determinar la elegibilidad del empleo.
Además contempla auditorias aleatorias en las empresas para verificar el cumplimiento del uso de E-Verify y aumentar las multas por emplear o referir a migrantes en situación irregular.
Otra de las políticas más polémicas es pedir el estatus de los migrantes a los hospitales que aceptan Medicaid, en caso de que no sean regulares deben informar sobre el costo de la atención.
La ley también prohíbe a las ciudades y condados la emisión de identificaciones comunitarias y anula las licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus migratorio regulado. Y citar a las personas que conduzcan con una licencia no válida.
Asimismo, exige que las agencias del orden obtengan las muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.
En la normativa también se acusa de delito grave a los residentes en ese estado que transporten inmigrantes, ya que además de cinco años de cárcel se habla de multas de cinco mil dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel más una multa de 10 mil si es menor de edad.
La SB1718 es “un ataque a la fibra de nuestro estado”, además de “un acto extremo de extralimitación del gobierno estatal destinado a incitar al miedo y criminalizar a las comunidades inmigrantes”, condenó Amien Kacou, abogado de ACLU de Florida.
Las organizaciones aún no dieron fecha para interponer la demanda federal, pero afirmaron que representan a los inmigrantes irregulares y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, incluyendo miles de hondureños.
