Desde mucho antes de su llegada a la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que el panorama para los inmigrantes en ese país no sería el mismo de antes.
Como lo prometió el magnate millonario, tras convertirse en el presidente de los Estados Unidos cumplió su promesa de campaña y su primera orden ejecutiva fue el decreto migratorio que impedía abruptamente el ingreso de personas originarias de siete países musulmanes.
Este fue el primero de seis golpes dados por la administración Trump a los migrantes.
Pese a que el veto no logró permanecer en pie por muchos días, pues fue bloqueado por varias cortesestadounidenses, el mandatario siguió adelante y elaboró un mejorado documento que no pudiera ser impedido por las cortes.
El segundo decreto migratorio llegó en el mes de marzo y pese a que ha sido objeto de recursos para frenarlo, llegó solo a aplicarse en parte. El 24 de septiembre, la nueva orden emitida remplazó una prohibición temporal de 90 días que expiraba y estaba dirigida a viajeros de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Este lunes un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó la aplicación de una parte de la tercera versión del decreto anti-inmigración de Trump, en respuesta a una moción del gobierno estadounidense. El fallo del noveno distrito en San Francisco prohíbe la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana que no tengan una 'relación auténtica' con una persona o entidad de Estados Unidos.
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Efectos directos sobre centroamericanos
Si bien estos primeros tres decretos afectaban directamente a inmigrantes de países de mayoría musulmanas, la política de Trump también ha estado dirigida contra los migrantes latinoamericanos, entre ellos los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
En el mes de julio, la administración Trump reveló un proyecto para financiar la construcción de un muro en la frontera con México. La valla fronteriza ha ido avanzando e incluso ya fueron identificados los prototipos de la polémico construcción.
El pasado mes de septiembre, unos 700, 000 jóvenes latinoamericanos principalmente quedaron en el limbo migratorio cuando el presidente Trump ordenó poner fin al DACA, Decreto de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que fue creado en 2012 para otorgar un estatuto legal temporal a esos jóvenes.
Los 'Dreamers' como son denominados estos jóvenes verán eliminado gradualmente ese beneficio a partir del próximo 6 de marzo de 2018.
Más recientemente, a inicios de este mes el Departamento de Estados decidió ampliar solo por seis meses el Estatus de Protección Temporal para los hondureños, contrario a los últimos 19 años donde se había renovado por 18 meses.
Será en julio de 2018, cuando unos 57 mil hondureños podrían correr el peligro de ser deportados.
