SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS.-El gobierno del presidente
Donald Trump anunció el lunes que expandirá ampliamente la autoridad de los agentes de inmigración para
deportar a migrantes sin que se les permita comparecer primero ante un juez, su segundo gran cambio en materia migratoria en los últimos ocho días.
A partir del martes, las deportaciones aceleradas podrán ser aplicadas a cualquier persona que lleve menos de dos años en el país de manera ilegal. Previamente dichas repatriaciones se limitaban principalmente a las personas que eran arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.
Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, describió la extensión a nivel nacional de la autoridad de “retiro expedito” como un nuevo intento del gobierno federal de atender la “crisis actual en la frontera sur” al poner a disposición camas en los centros de detención y reducir el retraso de más de 900,000 casos migratorios pendientes.
Las autoridades federales no cuentan con espacio para mantener detenidas a la “gran mayoría” de las personas arrestadas en la frontera con México, lo que ha provocado la liberación de cientos de miles de personas a las que se les entrega un citatorio para asistir a un tribunal, comentó McAleenan en la directriz sobre la nueva política que será publicada en el diario oficial, el Federal Register. Dijo que los agentes de Seguridad Nacional que cuenten con esta nueva autoridad de deportación repatriarán a los inmigrantes que están ilegalmente en el país más rápido de lo que lo hacen las cortes migratorias del Departamento de Justicia, en donde los casos pueden tomar años en resolverse.
La agencia “prevé que el pleno uso de la autoridad legal de retiro expedito fortalecerá a la seguridad nacional, reducirá el número de ingresos ilegales, y garantizará la expulsión rápida de extranjeros detenidos en Estados Unidos”, declaró McAleenan.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y el American Immigration Council señalaron que entablarán una demanda para bloquear la medida.
“Bajo este plan ilegal, los inmigrantes que han vivido aquí durante años serían deportados con un proceso debido menor que en un tribunal de infracciones de tránsito”, dijo Omar Jawdat, director del Proyecto por los Derechos Migrantes de la ACLU.
El “retiro expedito” les da a las agencias del orden una extensa autoridad para deportar personas sin permitirles comparecer ante un juez de inmigración, con algunas excepciones, incluyendo si expresan temor de volver a su país de origen y aprueban una entrevista inicial para la solicitud de asilo.
La medida fue creada conforme a una ley de 1996 pero se mantuvo prácticamente en desuso hasta 2004, cuando el Departamento de Seguridad Nacional indicó que se ejercería en personas que fueron arrestadas menos de dos semanas después de cruzar hacia Estados Unidos por la vía terrestre o que fueron detenidas a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera.
Las deportaciones aceleradas se han convertido en una parte importante del combate federal a la inmigración ilegal durante la última década. Detractores de la medida aseguran que les otorga demasiado poder a los agentes migratorios y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Es difícil pronosticar el impacto potencial de la nueva medida. McAleenan dijo que 20.570 personas arrestadas en el interior de la nación de octubre de 2017 a septiembre de 2018 llevaban menos de dos años en Estados Unidos, por lo que, según la nueva norma, reúnen las condiciones para una deportación expedita.
Los críticos dicen que la medida podría tener un mayor alcance porque muchas personas que llevan más de dos años en Estados Unidos podrían no poder demostrar el tiempo que han estado en el país.
“Ampliar el procedimiento de agilización para que sea aplicable en cualquier parte de Estados Unidos es una receta para separar a miles de familias más y devastar comunidades”, dijo Grace Meng, subdirectora interina del programa del grupo activista Human Rights Watch para Estados Unidos. “Este es un cambio masivo y peligroso”.
El gobierno dijo que la autoridad expandida probablemente significará que los migrantes pasarán menos tiempo detenidos mientras los casos avanzan por las cortes de inmigración.
El tiempo promedio que las personas cuyos casos han sido agilizados pasaron detenidas por las autoridades migratorias fue de 11,4 días de octubre de 2017 a septiembre de 2018, en comparación con 51,5 días para las personas arrestadas en el interior de la nación.
El anuncio fue el segundo cambio importante de políticas en ocho días tras un incremento sin precedentes en la llegada de familias provenientes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador.
La semana pasada, el gobierno dijo que denegará el asilo a cualquiera que pase por otros países para llegar a Estados Unidos sin solicitar protección en al menos uno de esos países.
Se presentaron dos demandas impugnando esa medida. Un juez en Washington, D.C., escuchó argumentos el lunes en torno a si se bloquea la política. El juez Timothy Kelly dijo que él “se esforzaría para emitir un fallo en torno a esto lo más rápido que pueda”.
Un juez en San Francisco programó una audiencia para el miércoles en una demanda similar.
En otro suceso el lunes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito refrendó una decisión de un juez federal en Seattle que bloqueó una política para detener indefinidamente a los solicitantes de asilo sin una oportunidad para que sean liberados tras el pago de una fianza. La política para denegar audiencias de fianza iba a entrar en vigor el 15 de julio.
La Casa Blanca emitió una declaración el lunes por la noche en la que afirmó que “estamos muy en desacuerdo con esa decisión y esperamos prevalecer con los méritos de la apelación y ver refrendada la ley”.
A partir del martes, las deportaciones aceleradas podrán ser aplicadas a cualquier persona que lleve menos de dos años en el país de manera ilegal. Previamente dichas repatriaciones se limitaban principalmente a las personas que eran arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.
Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, describió la extensión a nivel nacional de la autoridad de “retiro expedito” como un nuevo intento del gobierno federal de atender la “crisis actual en la frontera sur” al poner a disposición camas en los centros de detención y reducir el retraso de más de 900,000 casos migratorios pendientes.
Las autoridades federales no cuentan con espacio para mantener detenidas a la “gran mayoría” de las personas arrestadas en la frontera con México, lo que ha provocado la liberación de cientos de miles de personas a las que se les entrega un citatorio para asistir a un tribunal, comentó McAleenan en la directriz sobre la nueva política que será publicada en el diario oficial, el Federal Register. Dijo que los agentes de Seguridad Nacional que cuenten con esta nueva autoridad de deportación repatriarán a los inmigrantes que están ilegalmente en el país más rápido de lo que lo hacen las cortes migratorias del Departamento de Justicia, en donde los casos pueden tomar años en resolverse.
La agencia “prevé que el pleno uso de la autoridad legal de retiro expedito fortalecerá a la seguridad nacional, reducirá el número de ingresos ilegales, y garantizará la expulsión rápida de extranjeros detenidos en Estados Unidos”, declaró McAleenan.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y el American Immigration Council señalaron que entablarán una demanda para bloquear la medida.
“Bajo este plan ilegal, los inmigrantes que han vivido aquí durante años serían deportados con un proceso debido menor que en un tribunal de infracciones de tránsito”, dijo Omar Jawdat, director del Proyecto por los Derechos Migrantes de la ACLU.
El “retiro expedito” les da a las agencias del orden una extensa autoridad para deportar personas sin permitirles comparecer ante un juez de inmigración, con algunas excepciones, incluyendo si expresan temor de volver a su país de origen y aprueban una entrevista inicial para la solicitud de asilo.
La medida fue creada conforme a una ley de 1996 pero se mantuvo prácticamente en desuso hasta 2004, cuando el Departamento de Seguridad Nacional indicó que se ejercería en personas que fueron arrestadas menos de dos semanas después de cruzar hacia Estados Unidos por la vía terrestre o que fueron detenidas a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera.
Las deportaciones aceleradas se han convertido en una parte importante del combate federal a la inmigración ilegal durante la última década. Detractores de la medida aseguran que les otorga demasiado poder a los agentes migratorios y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Es difícil pronosticar el impacto potencial de la nueva medida. McAleenan dijo que 20.570 personas arrestadas en el interior de la nación de octubre de 2017 a septiembre de 2018 llevaban menos de dos años en Estados Unidos, por lo que, según la nueva norma, reúnen las condiciones para una deportación expedita.
Los críticos dicen que la medida podría tener un mayor alcance porque muchas personas que llevan más de dos años en Estados Unidos podrían no poder demostrar el tiempo que han estado en el país.
“Ampliar el procedimiento de agilización para que sea aplicable en cualquier parte de Estados Unidos es una receta para separar a miles de familias más y devastar comunidades”, dijo Grace Meng, subdirectora interina del programa del grupo activista Human Rights Watch para Estados Unidos. “Este es un cambio masivo y peligroso”.
El gobierno dijo que la autoridad expandida probablemente significará que los migrantes pasarán menos tiempo detenidos mientras los casos avanzan por las cortes de inmigración.
El tiempo promedio que las personas cuyos casos han sido agilizados pasaron detenidas por las autoridades migratorias fue de 11,4 días de octubre de 2017 a septiembre de 2018, en comparación con 51,5 días para las personas arrestadas en el interior de la nación.
El anuncio fue el segundo cambio importante de políticas en ocho días tras un incremento sin precedentes en la llegada de familias provenientes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador.
La semana pasada, el gobierno dijo que denegará el asilo a cualquiera que pase por otros países para llegar a Estados Unidos sin solicitar protección en al menos uno de esos países.
Se presentaron dos demandas impugnando esa medida. Un juez en Washington, D.C., escuchó argumentos el lunes en torno a si se bloquea la política. El juez Timothy Kelly dijo que él “se esforzaría para emitir un fallo en torno a esto lo más rápido que pueda”.
Un juez en San Francisco programó una audiencia para el miércoles en una demanda similar.
En otro suceso el lunes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito refrendó una decisión de un juez federal en Seattle que bloqueó una política para detener indefinidamente a los solicitantes de asilo sin una oportunidad para que sean liberados tras el pago de una fianza. La política para denegar audiencias de fianza iba a entrar en vigor el 15 de julio.
La Casa Blanca emitió una declaración el lunes por la noche en la que afirmó que “estamos muy en desacuerdo con esa decisión y esperamos prevalecer con los méritos de la apelación y ver refrendada la ley”.
