Acompañado por fiscales, abogados y familiares de las víctimas, el juez de instrucción Jorge Guzmán tocó nuevamente las puertas de una de las guarniciones militares señaladas de participar en la masacre de El Mozote, la matanza más grande documentada en la historia reciente de América Latina, para buscar evidencias que puedan ayudar al esclarecimiento del caso.
Guzmán llegó hasta la Tercera Brigada de Infantería en la ciudad de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital, donde un oficial le dijo que no podía ingresar a las instalaciones sin importar que se tratase de una orden judicial.
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Cuando la prensa le preguntó al juez qué argumento le dieron para negarle el acceso, respondió: “lo mismo de siempre”
“No hay una justificación legal. Es una orden judicial en firme, se trata de un incumplimiento deliberado por órdenes del mismo presidente (Nayib) Bukele y el ministro de Defensa (contralmirante René Francis) Merino Monroy, lo que significa un delito de encubrimiento, un delito de desobediencia a una orden judicial”, afirmó el abogado David Morales, quien participa en el proceso como querellante en representación de las víctimas.
Esta es la quinta ocasión en la que los militares se niegan a cumplir una orden judicial para inspeccionar sus archivos sobre la guerra civil de 1980 a 1992 y buscar evidencia que contribuya al esclarecimiento de la matanza de casi un millar de campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.
Morales confirmó a los periodistas que “las famosas cajas que el presidente (Bukele) presentó en cadena nacional con presunta documentación del caso que se había resistido a entregar al tribunal, finalmente ya llegaron” pero afirmó que para que el mandatario entregara los archivos desclasificados tuvo que mediar una orden judicial.
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“Ahora hay que ver si han enviado la información que interesa en el caso o si han enviado información que no tenga nada que ver sólo para salir formalmente de la obligación”, agregó.
Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, a unos 120 kilómetros al este de San Salvador durante una operación de un batallón entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia, los soldados entraron a El Mozote en busca de guerrilleros, pero mataron a civiles.
Un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley de Amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
Más de tres décadas después el juez Jorge Guzmán reabrió el caso -por el que nadie ha sido condenado- y ha procesado a un grupo de militares en condición de baja que en su momento ocuparon puestos de dirección durante la guerra civil que concluyó con la firma de los acuerdos de paz de 1992.
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