CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - Los
asuntos religiosos en la
política mexicana estaban históricamente bajo las sombras hasta que el presidente
Andrés Manuel López Obrador dijo sin ambages ser 'seguidor de Jesucristo' y lo citó diciendo 'bienaventurados los pobres...'.
Esa fue una señal del desafío que ha hecho el mandatario izquierdista a la férrea tradición laica mexicana. La última -el acercamiento con las Iglesias evangélicas del país- ha generado dudas sobre la separación entre la religión y el Estado durante su gobierno.
El presidente ya había abierto ese camino al aliarse en las elecciones de 2018 con el Partido Encuentro Social (PES), una organización de corte religioso y ultraconservador, y ahora ha permitido que las iglesias evangélicas trabajen con su gobierno.
Acordó que las iglesias repartan la llamada 'cartilla moral', una guía de buenas costumbres con la que su gobierno busca también disminuir los índices de violencia de México.
Para ello, se alió con Arturo Farela, un ministro evangélico que dirige una organización denominada Confraternice, que agrupa a unas 7.000 iglesias cristianas, y quien anunció que en esos templos se repartirían 10.000 ejemplares de la 'cartilla moral'.
'Tengo amistad con el presidente y derivado de ello, en lo que va de su gobierno me he reunido en ocho ocasiones, en algunas de esas ocasiones hemos orado juntos', dice Farela a la AFP.
La ley impide a las Iglesias, incluida la predominante Iglesia católica, tener concesiones de radio o televisión y sus ministros no pueden ser elegidos a puestos de elección popular ni asociarse con fines políticos.
El origen de esas prohibiciones está en dos conflictos armados del siglo XIX entre liberales y conservadores mexicanos donde la religión jugó un papel fundamental: la Guerra de Reforma y la intervención francesa.
La separación también está basada en las llamadas leyes de Reforma, que impulsó el entonces presidente Benito Juárez, de quien López Obrador se declara admirador.
La separación de Iglesia y Estado culminó en un conflicto armado entre 1926 y 1929 entre el gobierno y quienes se oponían a las restricciones que sufría el culto religioso, conocido como 'Guerra Cristera'.
'No es porque el país haya enloquecido, es un país que ha tenido tres guerras, tres guerras muy sangrientas. No es casualidad que seamos un país muy severo jurídicamente hablando frente al tema', dice el especialista en religión Bernardo Barranco.
Las relaciones entre el gobierno mexicano y el Vaticano no se normalizaron hasta la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994), que invitó al papa Juan Pablo II a visitar el país.
Pese a estos antecedentes, López Obrador no ve una violación al Estado laico en la participación de las Iglesias evangélicas en su gobierno.
'Es muy importante definir qué es el Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión', dijo el mandatario a finales de junio.
Sin embargo, para los especialistas en religión se trata de una definición ad hoc que conviene a su gobierno.
'Ellos quieren dar la definición que ellos quieren (...), pero el Estado laico históricamente en México ha significado un principio de separación entre las esferas de lo religioso y lo político, que están rompiendo, así de simple', dice el especialista en religión Roberto Blancarte.
A finales de mayo, un cambio en los estatutos internos de la secretaría de Gobernación (interior) -que supervisa todo lo referente a asuntos religiosos- permitió la colaboración con las Iglesias para lo que llamó 'proyectos de reconstrucción social' y 'cultura de paz'.
Farela admitió en entrevista que busca que las Iglesias de su organización puedan tener concesiones de radio y televisión, una meta preciada para varios cultos.
Esa fue una señal del desafío que ha hecho el mandatario izquierdista a la férrea tradición laica mexicana. La última -el acercamiento con las Iglesias evangélicas del país- ha generado dudas sobre la separación entre la religión y el Estado durante su gobierno.
El presidente ya había abierto ese camino al aliarse en las elecciones de 2018 con el Partido Encuentro Social (PES), una organización de corte religioso y ultraconservador, y ahora ha permitido que las iglesias evangélicas trabajen con su gobierno.
Acordó que las iglesias repartan la llamada 'cartilla moral', una guía de buenas costumbres con la que su gobierno busca también disminuir los índices de violencia de México.
Para ello, se alió con Arturo Farela, un ministro evangélico que dirige una organización denominada Confraternice, que agrupa a unas 7.000 iglesias cristianas, y quien anunció que en esos templos se repartirían 10.000 ejemplares de la 'cartilla moral'.
'Tengo amistad con el presidente y derivado de ello, en lo que va de su gobierno me he reunido en ocho ocasiones, en algunas de esas ocasiones hemos orado juntos', dice Farela a la AFP.
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Tradición laica
A diferencia de otros países de América Latina como Brasil o Perú, donde la participación de la Iglesia es común en la vida pública, en México era un tema casi vedado, aunque algunos gobernantes se permitían acercamientos esporádicos con autoridades religiosas.La ley impide a las Iglesias, incluida la predominante Iglesia católica, tener concesiones de radio o televisión y sus ministros no pueden ser elegidos a puestos de elección popular ni asociarse con fines políticos.
El origen de esas prohibiciones está en dos conflictos armados del siglo XIX entre liberales y conservadores mexicanos donde la religión jugó un papel fundamental: la Guerra de Reforma y la intervención francesa.
La separación también está basada en las llamadas leyes de Reforma, que impulsó el entonces presidente Benito Juárez, de quien López Obrador se declara admirador.
La separación de Iglesia y Estado culminó en un conflicto armado entre 1926 y 1929 entre el gobierno y quienes se oponían a las restricciones que sufría el culto religioso, conocido como 'Guerra Cristera'.
'No es porque el país haya enloquecido, es un país que ha tenido tres guerras, tres guerras muy sangrientas. No es casualidad que seamos un país muy severo jurídicamente hablando frente al tema', dice el especialista en religión Bernardo Barranco.
Las relaciones entre el gobierno mexicano y el Vaticano no se normalizaron hasta la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994), que invitó al papa Juan Pablo II a visitar el país.
Pese a estos antecedentes, López Obrador no ve una violación al Estado laico en la participación de las Iglesias evangélicas en su gobierno.
'Es muy importante definir qué es el Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión', dijo el mandatario a finales de junio.
Sin embargo, para los especialistas en religión se trata de una definición ad hoc que conviene a su gobierno.
'Ellos quieren dar la definición que ellos quieren (...), pero el Estado laico históricamente en México ha significado un principio de separación entre las esferas de lo religioso y lo político, que están rompiendo, así de simple', dice el especialista en religión Roberto Blancarte.
Concesiones de radio y televisión
Si bien la participación explícita de las Iglesias en el ámbito público requeriría de cambios en la Constitución mexicana, en la práctica el gobierno ha dado pasos para permitirlo.A finales de mayo, un cambio en los estatutos internos de la secretaría de Gobernación (interior) -que supervisa todo lo referente a asuntos religiosos- permitió la colaboración con las Iglesias para lo que llamó 'proyectos de reconstrucción social' y 'cultura de paz'.
Farela admitió en entrevista que busca que las Iglesias de su organización puedan tener concesiones de radio y televisión, una meta preciada para varios cultos.
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El ministro dijo que tras una reunión en marzo, López Obrador instruyó a la secretaría de Gobernación a buscar cambios en la ley que permitan dichas concesiones.
Aunque la secretaría no estuvo disponible para realizar comentarios a la AFP, en días recientes varios representantes de Iglesias cristianas se reunieron con Ricardo Monreal, líder de Morena (el partido del presidente) en el Senado, para discutir esos cambios, informó el diario El Universal.
Sin embargo, el interés de los evangélicos no termina ahí.
Farela también dijo a medios mexicanos que es momento de cambiar la ley para que los ministros religiosos puedan aspirar a puestos de elección popular y asociarse con fines políticos.
