SAN SALVADOR, EL SALVADOR
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña ordenó al presidente Salvador Sánchez Cerén, comparecer ante un juez para esclarecer la desaparición forzada, en 1979, del entonces embajador de Sudáfrica en el país, atribuida a una facción guerrillera que integraba el actual mandatario.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ ordenó al presidente Sánchez Cerén 'pronunciarse sobre la vulneración constitucional alegada (en un habeas corpus) y brindar la información relacionada a la ubicación de la persona de la que se afirma su desaparición', señaló el tribunal en un comunicado.
Cuando el diplomático sudafricano Archibald Gardner Dunn desapareció, Sánchez Cerén era parte del mando de la facción guerrillera a la que se responsabiliza por su secuestro.
Vea: ONU y CIDH exigen al gobierno de Daniel Ortega, la lista de víctimas en operativos
El embajador de Sudáfrica fue secuestrado el 28 de noviembre de 1979 por miembros de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las cinco facciones que en 1980 conformaron el partido político de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el cual Sánchez Cerén llegó al poder.
La familia del exembajador detalló en un recurso de habeas corpus que las FPL, cuya cúpula de mando integraba Sánchez Cerén, exigieron dos millones de dólares para su liberación, algo que nunca ocurrió.
La sala indicó que en este caso, 'se considera como sujeto demandado al señor Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de particular, como miembro de las Fuerzas Populares de Liberación'.
Los familiares de Gardner Dunn aseguraron en su demanda que hasta la fecha desconocen si 'está vivo o fue asesinado'.
No obstante, en 1980 las FPL habían anunciado en un comunicado de prensa que habían ejecutado al exembajador, al no fructificar las negociaciones para el pago del rescate, y que no dirían en ese momento dónde estaba su cadáver.
Además, el tribunal pidió al ministerio de Relaciones Exteriores emitir un informe donde se especifique 'si se documentó una posible desaparición' del exembajador, y ordenó a tres periódicos que informaron del hecho en aquél momento, la 'certificación de notas periodísticas destacadas en relación a la desaparición forzada' del exembajador.
Por el momento, el mandatario salvadoreño no se ha pronunciado sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña ordenó al presidente Salvador Sánchez Cerén, comparecer ante un juez para esclarecer la desaparición forzada, en 1979, del entonces embajador de Sudáfrica en el país, atribuida a una facción guerrillera que integraba el actual mandatario.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ ordenó al presidente Sánchez Cerén 'pronunciarse sobre la vulneración constitucional alegada (en un habeas corpus) y brindar la información relacionada a la ubicación de la persona de la que se afirma su desaparición', señaló el tribunal en un comunicado.
Cuando el diplomático sudafricano Archibald Gardner Dunn desapareció, Sánchez Cerén era parte del mando de la facción guerrillera a la que se responsabiliza por su secuestro.
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El embajador de Sudáfrica fue secuestrado el 28 de noviembre de 1979 por miembros de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las cinco facciones que en 1980 conformaron el partido político de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el cual Sánchez Cerén llegó al poder.
La familia del exembajador detalló en un recurso de habeas corpus que las FPL, cuya cúpula de mando integraba Sánchez Cerén, exigieron dos millones de dólares para su liberación, algo que nunca ocurrió.
La sala indicó que en este caso, 'se considera como sujeto demandado al señor Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de particular, como miembro de las Fuerzas Populares de Liberación'.
Los familiares de Gardner Dunn aseguraron en su demanda que hasta la fecha desconocen si 'está vivo o fue asesinado'.
No obstante, en 1980 las FPL habían anunciado en un comunicado de prensa que habían ejecutado al exembajador, al no fructificar las negociaciones para el pago del rescate, y que no dirían en ese momento dónde estaba su cadáver.
Además, el tribunal pidió al ministerio de Relaciones Exteriores emitir un informe donde se especifique 'si se documentó una posible desaparición' del exembajador, y ordenó a tres periódicos que informaron del hecho en aquél momento, la 'certificación de notas periodísticas destacadas en relación a la desaparición forzada' del exembajador.
Por el momento, el mandatario salvadoreño no se ha pronunciado sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional.
